Marcos Ibazeta Marino

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Reforma sin contenido… y sin forma

Es sabido que los principios son categorías que sustentan ideologías, doctrinas, religiones y hasta la ciencia misma, sin los cuales no existirían estructuras ni superestructuras políticas, económicas y sociales cuya dinámica de existencia obedece a los principios en los cuales se fundamentan.

El Estado es una superestructura que tiene su fundamento en principios que le sirven de base para impulsar su acción hacia los objetivos cuya consecución es garantizada por aquellos, pero siempre y cuando la institucionalidad los hagan realidad.

De aquí surgen los conceptos de transparencia, reglas de buen gobierno y capacidad de gestión de los líderes. Si los principios se ven trastocados porque ni hay transparencia, aunque exista un bosque de reglas de buen gobierno pero con líderes que no tienen capacidad alguna de gestión pública, la solución no es eliminar principios sino cambiar las deficiencias institucionales para su materialización mediante normas transitorias, ágiles y dinámicas.

En el Perú tenemos muchas normas de buen gobierno, poca transparencia y un mundo de sinvergüenzas a cargo de la cosa pública, que llegan a ocupar altos cargos en la estructura estatal sin que los filtros de selección funcionen adecuadamente y los controles casi no existen, por lo cual siempre tenemos que ir a un control posterior que nos manda a llorar sobre leche derramada. La prevención no funciona aquí.

El gobierno actual, aprovechándose del desprestigio del Congreso y ocultando el desastre del Ejecutivo, del Poder Judicial, el Ministerio Público y demás entes estatales, olvidándose de gobernar y administrar adecuadamente los recursos públicos y de cuidar que la economía no se deteriore como está ocurriendo actualmente, se ha embarcado en una reforma política cuyo objetivo es enfrentar la coyuntura provocada por el derrumbe moral del liderazgo nacional, pero sin atacar el problema como consecuencia de la pésima calidad moral y funcional de los sujetos, con normas de cambio que no afecten los principios constitucionales ni los sustituyan en el nivel constitucional, poniendo en peligro la base de nuestra ideología de Estado.

También, con bombos y platillos, hablan de una reforma judicial que no tiene nada de tal. Se mantiene a los que con su ineficiencia han hundido a sus instituciones en el pozo en el que hoy se hallan y encima se les premia con incrementos salariales. No se definen objetivos para establecer perfiles de selección y se cae en vergonzosas frustraciones como en el reemplazo del CNM por la JNJ que, según parece, no tendrá partida de nacimiento.





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