Marcos Ibazeta Marino

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Tía María, oleoducto y demás

Mientras la guerra entre el Ejecutivo y el Congreso concentraba todo el interés de la población con el empuje propagandístico de un gran sector de la prensa, que tomó partido por el Gobierno, nadie se interesaba y menos se tomaba un tiempo de reflexión sobre la marcha de la economía, que, desde hace ya bastante tiempo, se está cayendo en picada.

Está muy bien luchar contra la corrupción, pero contra la corrupción de todos y no solo de los adversarios.

En este sentido, la actuación de los fiscales Lava Jato, quebrantando reglas básicas de respeto funcional, independencia fiscal y jurisdiccional y el principio de la pluralidad de instancias, utilizando un lenguaje persecutorio impropio que colisionaba con la serenidad, ecuanimidad y prudencia que se exige de quien ejerce autoridad en general pero especialmente de fiscales y jueces, comenzaron a generar desconfianza social provocando una polarización innecesaria de violenta confrontación verbal en la población que, gracias a Dios, no pasó a mayores.

La cereza del pastel fue el acuerdo de colaboración eficaz mediante el cual se ha institucionalizado la omisión dolosa de informaciones sobre hechos delictivos concretos, obteniendo Odebrecht todo lo que quería en la recuperación de sus activos y la continuidad de sus operaciones con el Estado a cambio de una propina que pagará en quince años; pero, además, admitiéndole convalidar sus mentiras con reconocimientos tardíos de responsabilidad por otros actos delictivos descubiertos casi al azar, aunque los fiscales ya tenían noticia de los mismos.

Lo real es que Odebrecht administra sus mentiras y los fiscales dependen al cien por ciento de lo que viene del Brasil.

Hay ahora un despliegue espectacular de allanamientos tardíos para justificar la trastada de Odebrecht a la cual se le reconoce el derecho a mentir y administrar sus omisiones con fiscales permisivos.

En este desmadre el Gobierno le ha concedido a Southern la licencia para ejecutar Tía María a sabiendas del rechazo de alcaldes y autoridades regionales que pueden generar violencia porque el Gobierno ha dejado que los violentistas se infiltren y manejen esos movimientos, como se ha visto en Las Bambas y en Alto Amazonas, Datem del Marañón y Amazonas. Se ha dado el gran paso, ahora veremos si el Gobierno está en capacidad de mantener su decisión.

Un asunto de vital importancia para le economía del país no puede ser tratado de esta forma: la improvisación genera costos, a veces insuperables.





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