Mariella Balbi

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SOBRE EL VOLCÁN

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La persecución judicial del golpismo

La insólita resolución de encarcelar preventivamente a 14 abogados que fueron árbitros en las obras de la corrupta Odebrecht significa un punto de quiebre en la administración de justicia de este régimen dictatorial. El mensaje es claro: puedo hacer lo que quiero, importa poco si es legal o no, sométanse o van a la ‘cana’.

El caso de Fernando Cantuarias y el de Humberto Abanto son elocuentes. Cantuarias es un árbitro internacional que participa en el CIADI, donde le pagan millones y en verdes. Tanto es así que la Corte Internacional de Arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional ya protestó, hundiéndonos en el descrédito en el exterior, como ya ocurrió con la contravención en el caso Hinostroza de la justicia española.

Respecto a Abanto no hay pruebas, solo un tercero que escuchó decir que ‘jodía’ por su pago. El tremendo juez considera que sus declaraciones en un medio sobre la persecución que vive es ¡obstruir a la justicia! Adicionalmente es abogado de Jaime Yoshiyama y, como es respondón, la fiscalía ha pedido suspenderlo como abogado.

A los imputados los han colocado en el venusterio de un penal de alta peligrosidad. Hasta anteayer no tenían colchones ni les permitían visitas. Un verdadero archipiélago de Gulag. La prisión preventiva es por peligro de fuga. No importa que demostraran arraigo y acudieran a las audiencias.

Anteriormente vimos el allanamiento a estudios de abogados con el cuentazo de que influían en testigos. Ayer se conoció una denuncia de IDL contra el miembro del TC, José Luis Sardón, ante el procurador anticorrupción Amado Enco. Sardón ya aclaró el tema en su institución, la misma que no tiene cargos contra él. No interesa, ya está marcado.

La persecución judicial llegó hasta el presidente de la Suprema. ¿No pudieron ajustarlo? Nótese la idiotez de la declaración. Según un colaborador, el abogado Abanto le pasa la voz en el penal a Walter Ríos –el ex juez del Callao encarcelado por el inconsistente caso Cuellos Blancos- y le dice: “el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, pregunta qué cosa necesita, en qué lo puede ayudar”. Embarrado Lecaros y doblemente Abanto, carambola.

Lo de Keiko Fujimori es inédito: colocan a destiempo en su expediente una declaración de una hora y media del sobrino de Jaime Yoshiyama que la enloda. Las partes no fueron citadas. No hay preguntas del fiscal, solo un largo rollo que no se puede probar.

De relancina mete, al fiscal Gonzalo Chávarry diciendo que Daniel Salaverry y Vicente Silva coordinaban con él a favor de Keiko. Chávarry no los conoce, ¡plof! Al fiscal Pérez lo sancionan por alucinarse político e irse de boca y se quiere culpar a Chávarry de ello. Delirante. El régimen del terror judicial funciona a toda máquina. Y así meterán al ‘bote’ a varios más.



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