Martha Chavez

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¿Disolución y liquidación de partidos (Y del IDL)?

Al fin, luego de cuatros años de investigaciones se materializó hace unos días la denuncia fiscal contra Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia, por el presunto delito de Lavado de Activos, expediente 249-2015.

Me referiré esta vez únicamente a un aspecto del extenso documento de acusación suscrito por el fiscal provincial Germán Atoche, y es el atañe a la solicitud de disolución y liquidación del partido político “Partido Nacionalista Peruano” (PNP), en aplicación de lo previsto por el Art. 1° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y del Art. 105°, primer párrafo, numeral 2 del Código Penal vigente.

No soy especialista en Derecho Penal pero sí abogada y sobretodo persona con suficiente sentido común como para entender que si bien el Art. 1° de la LOP define a los partidos políticos como asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas, también ese mismo artículo reserva la denominación de partidos a los que están reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ello significa que existe un marco jurídico institucional propio, de modo que no sería partido político aquella persona jurídica que pude estar inscrita en el  registro público general pero que carece de registro en el ROP.

Esto es trascendente de considerar puesto que también la LOP prevé expresa y específicamente las causales de cancelación de la inscripción de un partido político y de la declaración de ilegalidad del mismo. Ninguna de las causales se refiere a ser instrumentalizado –como sostiene el fiscal Juárez sucedió con el PNP por parte de los esposos Humala- Heredia- para cometer delito de lavado de activos. La LOP hace referencia únicamente a los casos en que un partido político complementa y apoya acciones de organizaciones dedicadas al terrorismo o al narcotráfico.

Cierto que parecería un vacío a llenar legislativamente para comprender delitos de lavado de activos y corrupción en general. Sin embargo, me inclino a pensar que no cabe sancionar a un partido político, integrado por al menos 3,250 ciudadanos afiliados (Art. 8° de la LOP).

Estimo que el hecho que los máximos líderes del PNP lo hubieran puesto al servicio de sus conductas delictivas tampoco ameritaría desaparecer el partido, pues ello violaría los principios de razonabilidad, proporcionalidad y hasta culpabilidad de miles de personas, ajenas a la conducta delictiva de sus lideres. El PNP sería más bien tercero agraviado.

Sabiendo lo que sabemos de la ex alcaldesa Villarán, ¿pediría el fiscal que se ocupa del caso la disolución y liquidación del IDL?





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