Martha Chavez

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La confianza otorgada

Conforme tengo mencionado en esta columna, el gobierno de M. Vizcarra tiene puestos alma, corazón y vida (es un decir, no se siquiera si los tiene) en una llamada pomposamente “reforma política”, que está representada por doce proyectos presentados el pasado 10 de abril, de los que el último miércoles 05 ha identificado seis, respecto de los cuales el gabinete ministerial ha planteado Cuestión de Confianza y  definido lo que el gobierno considera como  su “esencia mínima irrenunciable”.

De los seis proyectos, dos son de reforma constitucional, dos de reforma de ley orgánica y dos de reforma de ley ordinaria.

De acuerdo a la Constitución vigente, (Arts. 107° y 108°) el presidente de la República participa en el proceso de formación de las leyes a través de su potestad de presentar proyectos de ley y de su atribución para promulgar las normas que el Congreso hubiere aprobado; esto último lo faculta también a observarlas, en cuyo supuesto deben ser nuevamente consideradas por el Legislativo, que puede  insistir en la norma aprobada, caso en que la promulga directamente, sin intervención del presidente de la República. La propia Constitución (Art. 206°) niega al presidente de la República la posibilidad de observar leyes de reforma constitucional. Ello por cuanto solo el Congreso de la República tiene el Poder Constituyente Derivado, es decir el poder de modificar la Constitución vigente.

De esto se deriva que  la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el contenido de las leyes se limita a proponer proyectos (de reforma constitucional y legal) y a observar el texto aprobado en un primer momento por el Congreso de la República, siempre que no se trate de reforma constitucional.

Se deriva también que es nula, además de insólita e inédita, la pretensión   del gobierno de exigir un determinado contenido para leyes que en el futuro apruebe el Congreso, aún que se trate de proyectos del Poder Ejecutivo. Por ello es que al otorgarse la Cuestión de Confianza, se ha hecho expresa mención a que ella se otorga conforme a la Constitución.

Significa que con la Confianza otorgada se agotó dicha Cuestión, es decir, tener en cuenta las iniciativas del gobierno al momento del debate, sin más condiciones que aquellas que la Constitución  tiene previstas para la actuación del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo y sin que la expresión de voluntad, votada públicamente y comunicada además al gobierno, esté sujeta a valoración posterior  ajena a su constitucionalidad.

No está demás leer y releer, hasta entenderla cabalmente, nuestra Constitución.





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