Martha Chavez

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ESCAÑO POPULAR

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La voluntad popular no supone precariedad ni irresponsabilidad

Sin duda alguna la voluntad popular es el origen del Estado, desde los albores de la humanidad hasta su evolución y progreso al Estado que hoy conocemos, donde imperan la Constitución y la ley, existe separación de poderes y se elige periódicamente a los gobernantes. Es y ha sido el sustento del poder de las autoridades y explica el fin último de la sociedad política organizada, cual es obtener el bien común.

Fue la voluntad popular la que determinó el 2016 quiénes ocuparían cada una de las 130 curules congresales y, en segunda vuelta, tal como nos fue presentada oficialmente, que la plancha presidencial del partido Peruanos por el Kambio era la ganadora.

La Constitución señala que se eligen presidente y congresistas por cinco años, no cuatro ni seis.

Ella señala también que la postulación al Poder Ejecutivo debe hacerse por plancha o fórmula presidencial, integrada por los candidatos a la presidencia y a la primera y segunda vicepresidencias, todos ellos sujetos a los mismos requisitos de postulación. La razón de esta exigencia es prever una sucesión sin sobresaltos en caso ocurran contingencias posteriores que afecten al presidente (muerte, renuncia, incapacidad moral o física o destitución) y resultara necesario su reemplazo definitivo en el cargo, aparte de los reemplazos temporales en la función o despacho, por razones transitorias. Se evita así al país el significativo gasto y los trastornos que inevitablemente conlleva todo cambio permanente de las altas autoridades del país y un proceso electoral general, sobre todo si han de competir más de una veintena de partidos políticos representando posiciones ideológicas y programáticas que van de extremo a extremo.

La voluntad popular no está exenta del cumplimiento de reglas como momentos, motivos u ocasiones, plazos, horarios y modalidades para expresarla. Incluso está sujeta a limitaciones, como aquella prevista en el segundo párrafo del Art. 32° de la norma constitucional que prohíbe someter a referéndum, por ejemplo, normas de carácter tributario y presupuestal y tratados internacionales en vigor. De más está decir que su ejercicio supone también responsabilidades. Genera un grave riesgo para el país que el Gobierno del presidente Vizcarra invoque reiteradamente la voluntad popular para alentar la precariedad de los altos cargos públicos y la falta de compromiso de la ciudadanía con las opciones que asumió en el último proceso electoral. Peor aún que lo haga basado en encuestas contratadas por medios de prensa beneficiados con millonario avisaje estatal o claudicando ante la minoritaria y prejuiciada posición de algunas autoridades subnacionales.

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