Martha Meier M.Q.

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DERECHO DE GUERRA

Acerca de Martha Meier M.Q.:



El “desplazador” eres tú

Vizcarra ha dado un plazo de veinte días para que decenas de familias campesinas dejen sus tierras y hogares en la zona a construirse el Eje Vial Apurímac-Cusco; y diez días para que presenten documentos que demuestren la propiedad de sus predios. El sacha-dictador no tiene empacho en pisotear derechos territoriales, desplazar a centenares de compatriotas, aprovechar el desconocimiento de las comunidades de lo tramado en Lima y (des)informar sobre los alcances del Decreto de Urgencia Nº 026-2019.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de la PUCP, especialista en derecho constitucional y coordinador del área de pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), anota que el referido DU fue publicado en diarios urbanos y en castellano, sabiéndose que las comunidades campesinas son quechuahablantes y que no circulan diarios en las zonas rurales.

Cerrado el Congreso “obstruccionista” el de Palacio ha excretado este DU para la adquisición y expropiación de tierras de comunidades campesinas y superponer una obra vial beneficiosa, a todas luces, para la minera Las Bambas. El encargado de hacerse de los predios es el ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, a cargo del cuestionado Edmer Trujillo, el mismo del pago adelantado de más de S/41 millones al consorcio constructor del Hospital de Moquegua, un día antes que concluyera la gestión vizcarrista en esa región (2014). Aquí se cierra el círculo trazado, en parte, por Ollanta Humala el día anterior a dejar la presidencia, cuando cambió la categoría de vía rural por el de vía nacional a la ruta donde se construirá el Eje de marras.

El jueves en Espinar, el viceministro Carlos Estremadoyro dijo “Queremos dar una solución definitiva al problema de polvo y dotar de mayor seguridad a las personas que viven alrededor de la carretera”. Ni él se la cree. Este DU lesiona los derechos de las comunidades al obviar el proceso de consulta ordenada por el Convenio 169 de la OIT, con rango constitucional. El decreto de “urgencia” salta a garrocha: la Constitución, el Tratado 169, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso el portal Coperacción expresa: “una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano es uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho”.

Disuelto el Congreso no hay control político. Falta que la construcción esté a cargo de la dupla Odebrecht-Graña y Montero. ¿Les llamaría la atención?



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