Martín Belaunde Moreyra

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36 meses

Este artículo reitera los tuits lanzados en torno a la situación de Keiko. Debo enfatizar además que si el fiscal no puede preparar un caso en 12 meses, posiblemente no tenga ninguno que valga la pena ser presentado a los tribunales. Se dirá en contra de mi afirmación que los fiscales viven saturados de trabajo y por consiguiente no disponen del tiempo libre suficiente para reunir lo que ahora se denomina “elementos de convicción” para presentar la acusación. No soy penalista pero considero que hay límites para preparar los casos. 36 meses simplemente me parece excesivo y puede dejar librado al expediente en un armario para que se acumule polvo sobre él.

Es evidente que ese no debe ser el caso contra Keiko por múltiples razones. Ella lidera Fuerza Popular que aún controla el Congreso, pero cada vez en forma más debilitada. Ha cometido desde julio de 2016 toda clase de errores, entre ellos no tener el mínimo sentido de cortesía de felicitar a PPK cuando perdió las elecciones presidenciales por pequeñísima diferencia. Pero ese fue un error político no delictivo y por lo tanto no debe serle achacado en el proceso penal.

¿En qué consiste la eventual responsabilidad penal de Keiko? En pocas palabras, haber recibido para las elecciones del 2011 una donación de Odebrecht superior al millón de dólares, que fue disfrazada para hacerla parecer como múltiples donaciones menores de sus miles de seguidores. De acuerdo a lo que se ha indicado, la suma habría sido inicialmente recibida por Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere, quienes la hicieron llegar a su beneficiaria principal, que a su vez la trasladó a otros de sus partidarios para que la diseminaran en los llamados “pitufeos”. Esa parecería ser en esencia la versión del testigo protegido, hoy congresista Rolando Reátegui.

Sin embargo, en la audiencia para detención preventiva esas pruebas no fueron actuadas y por el contrario se alegó la posibilidad de obstrucción de la justicia. Tal como entiendo, tal obstrucción se reveló en el chat de La Botica. Y aquí surgen dos preguntas. Primero, ¿es valedero aprovechar una prueba muy posterior para ordenar una detención preventiva por un presunto delito de los años 2010/2011? Y la segunda interrogante es: ¿en qué forma una enérgica defensa puede caer en semejante categoría, así se exponga políticamente en el Congreso? Mi opinión es contraria a esa tesis.





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