Martín Belaunde Moreyra

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Dos errores no hacen un acierto

La insistencia de la dupla Fuerza Popular/Apra de blindar a Chávarry en la comisión de un delito visto “en línea” aduciendo situaciones formales que impedirían su investigación, constituye en mi opinión un gravísimo error político cuyas consecuencias recaen sobre la alicaída imagen del Congreso. De otro lado, la impertinencia del presidente Vizcarra de acosar al Poder Legislativo para sacar una supuesta “reforma política” a través de apresuradas modificaciones constitucionales carece del más elemental sentido. Nuestro primer mandatario juega a aprendiz de dictador y eso es muy peligroso. Desconozco quién pueda ser su “Montesinos” y si esa absurda aventura tendría algún apoyo castrense, pero el solo hecho de ponernos en esa situación constituye un pésimo síntoma.

El Perú está entrando en una fase de desaceleración económica que el propio ministro de Economía, Carlos Oliva, no pudo ocultar, así hubiere tratado de edulcorarla en una entrevista en 2019. Pero, ¿de dónde Vizcarra ha sacado la teoría que la no aprobación de las reformas dentro del cronograma impuesto por él, amerita que se considere denegada la cuestión de confianza en forma retroactiva? ¿Me pregunto si es una tesis que el ministro de Justicia Vicente Zeballos le está soplando al oído? De ser cierto revelaría una pobrísima asesoría jurídica que conspira contra la vida del régimen constitucional y que nos puede llevar a un nuevo conflicto de poderes inconsistente con la buena marcha del Perú.

Cuando el presidente del Consejo de Ministro plantea una cuestión de confianza solo caben dos alternativas, o se le otorga o se le rechaza. En el segundo caso debe renunciar produciéndose una crisis total de gabinete. En tal eventualidad el Presidente de la República debe reemplazarlo y además tiene el derecho, mas no la obligación, de disolver el Congreso si ha censurado o rechazado la confianza de dos gabinetes. Pero si la confianza es otorgada el jefe de Estado no puede hacer una interpretación retroactiva de sus alcances y menos disolver el Congreso.

En semejante situación quedaría incurso en el artículo 117 de la Constitución, pudiendo ser acusado durante su período por esa causal, con lo cual el ejercicio de la presidencia se suspende automáticamente. ¿Es conveniente para el Perú que lleguemos a esa situación? Por cierto que no, pero ahí nos dirigimos como van las cosas, lo cual no excluye la posibilidad de que se le vaque por incapacidad moral corriendo la misma suerte de su antecesor.





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