¿Por qué la inmunidad parlamentaria?

¿Por qué la inmunidad parlamentaria?
  • Fecha Jueves 27 de Febrero del 2020
  • Fecha 2:40 am

En los últimos tiempos el tema de la inmunidad parlamentaria ha sido discutido hasta el hartazgo como si fuera una materia de la cual depende el destino del Perú. ¿Pero es así en la perspectiva de los problemas nacionales? Durante la campaña para las elecciones congresales del 26 de enero, el presidente Vizcarra intervino para alentar el voto a favor de de las agrupaciones políticas partidarias de la reforma política. Lo hizo tantas veces que por lo menos un Jurado Electoral Especial le pidió que no insistiera en su prédica.

La inmunidad parlamentaria conforme al artículo 93 de la Constitución compete exclusivamente al Congreso. Pero en la práctica no es así. El Ejecutivo insiste en que debe eliminarse como algo fundamental para el desarrollo del Perú y algunos partidos aceptan esa postura. Pero, ¿qué está en juego? El primer párrafo del artículo 93 señala que “los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.” Si hay un dispositivo inamovible es dicho párrafo. Si los congresistas en conjunto no representan a la Nación, ¿a quién representan? Y si sometemos a los congresistas a mandato imperativo serían los sirvientes del Ejecutivo o de cualquier grupo de poder. Eso invalidaría al Congreso.

El segundo párrafo dispone que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Los congresistas no son delegados de intereses particulares ni tienen por qué dar cuenta o explicar de sus opiniones y votos, salvo por una buena razón de respeto al electorado.

El conflicto entonces radica en el tercer párrafo en cuanto que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso. Se dice con razón que este párrafo ha sido utilizado como patente de corso para que congresistas sentenciados evadan la acción de la justicia. En ese párrafo los congresistas que cometen delito flagrante son puestos a disposición de la justicia, de manera que ahí no está el problema. El meollo de la controversia está en los congresistas sentenciados.

No obstante la solución es simple. Añadir un párrafo al artículo 93 que diga: “El congresista requerido por el Poder Judicial por una sentencia penal condenatoria sujeta impugnación, es suspendido del cargo a resultas de su proceso pendiente. Si la condena es firme de inmediato es desaforado con pérdida de su condición de congresista.” Con este añadido no volvería a producirse un caso como el del general Donayre.



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