Hace algunos días una banda de delincuentes asaltó una joyería en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Pocas horas después los malhechores fueron detenidos por detectives de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional (PNP).

Ese es un ejemplo de que la policía tiene muy buenos investigadores que pueden hacer un trabajo muy eficiente, cuando quieren hacerlo y cuando los dejan. Pero en los últimos tiempos no se ha dado la importancia debida a esa especialidad en la PNP, ni en preparación ni en número.

Actualmente los detectives son unos 20,000 aproximadamente, el 15% del total de la fuerza policial. En las comisarías solo hay unos 8,000. Esa es una grave deficiencia, porque para combatir el crimen callejero, los asaltos, arrebatos de celulares, robos de carteras, etc., no solo se necesita un patrullaje inteligente sino también investigación criminal.

Pero además hay que restituir a la policía su capacidad de investigar los delitos. Con el nuevo Código Procesal Penal (CPP) que se aprobó el año 2004, el Ministerio Público ha asumido completamente el control y desarrollo de la investigación. A estas alturas ya se ha demostrado que esta modalidad no ha tenido éxito, entre otras cosas porque los fiscales no tienen las capacidades investigativas de la policía.

Como dice el coronel PNP (r) Julio César Flores Camargo, “todo esto nos pone ante una manifiesta incompetencia e inoperancia para combatir el delito común, detalle que muy agudamente ha sido capitalizado por los malhechores, que se han dado cuenta que el monopolio de la investigación ahora está en manos de improvisados”.

Y tiene razón cuando señala que los policías están entrenados en los “procedimientos para la búsqueda, obtención y procesamiento de la información relacionada a un determinado caso, administran informantes, manejan confidentes, están facultados y tienen experiencia en el uso de armas, planifican y cuentan con personal calificado en operaciones encubiertas o especiales, poseen efectivos especializados en técnicas de planificación, infiltración, seguimiento, vigilancia, etc.”.

Es decir, lo adecuado sería que la policía “investiga operativamente el delito mientras que la fiscalía la conduce jurídicamente. (…) Esto quiere decir, toda actividad de investigación está a cargo de la policía con la orientación jurídica del fiscal que es un abogado de profesión, para que dicte y verifique el cumplimiento de los parámetros de legalidad en cuanto a los derechos y garantías procesales de las partes.”

En suma, una de las cosas que se necesita para combatir eficazmente el delito, en particular el que más preocupa a la inmensa mayoría de la población, el delito callejero, es más y mejores detectives, sobre todo en las comisarías. Pero también restituir a la PNP la capacidad en la investigación preliminar, dejando la dirección jurídica en manos de la fiscalía. Sin eso no será posible avanzar en la lucha contra la delincuencia.