La incapacidad, la desidia, el facilismo, la mediocridad, la argucia y la corruptela de esta administración pública apoyada por sucesivos gobernantes malos, improvisados, obtusos, sin formación democrática ni respeto por la Constitución, ha puesto en serios aprietos a la estabilidad jurídica en el Perú, convirtiéndolo en uno de países con menor sumisión al Estado de Derecho y su sociedad sometida a toda clase de inseguridades legales. El Ministerio Público rompió fuegos en este campo, introduciendo la delación general –manipulable- como metodología para cumplir su obligación constitucional de conducir las investigaciones del crimen, función que anteriormente –quizá con mejores resultados- recaía en la Policía. Calificamos de manipulable el procedimiento, porque los fiscales tienen la discreción de solicitar la prisión preventiva por plazos que, en muchos casos, exceden tres años. Hablamos entonces de un instrumento coercitivo que ejerce gran presión sobre el investigado, al punto de quebrarlo espiritual, incluso físicamente, para provocar su rendición obligándolo a satisfacer las conclusiones que busca el investigador.

Por cierto, en muchos casos los investigados se autoinculpan –sin ser necesariamente responsables- con tal de salvarse de las desproporcionadas condenas que piden los fiscales con el fin de producir resultados. Esto, amable lector, desnaturaliza las funciones de la Fiscalía de la Nación. Se trata de un facilismo dirigido a rebajar la carga de trabajo de esta repartición pública, pero sujeto a un resultado que no siempre busca la verdad, sino que está orientado a señalar al culpable del delito según las hipótesis del fiscal. Y a esto hay que agregarle que en los últimos tiempos el Ministerio Público actúa como apéndice del régimen de turno, lo que ha producido la politización de nuestra Justicia.

Pero el mal ejemplo cunde. Sobre todo en estos tiempos en que las autoridades pasan por encima de la Constitución; la gobernabilidad está por los suelos; y el Estado cruje por la incompetencia de unos gobernantes que permiten que la Administración Pública haga lo que le dé la gana. Como esforzarse menos y aprovecharse de un ciudadano cada vez más privado de sus derechos, por culpa de unos presidentes que ceden y conceden frente a una burocracia cada día más floja, ineficaz, ideológica y partidaria. El ejemplo más reciente de abuso ciudadano es el decreto legislativo que dinamita el derecho constitucional al secreto bancario. Empecemos porque ningún capítulo de la Carta Magna prevé que la Administración Pública pueda exigirle esta información a los bancos. Ni la Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a ella, salvo autorización de un juez. Es evidente que la medida dispuesta por este gobierno apunta a avalar un mero artificio de la administración tributaria para relajar sus funciones, sustituyéndolas por el uso indebido de información privada debidamente amparada por la Constitución.

Lo decimos al inicio del comentario. La incapacidad, argucia, mediocridad, corruptela y el facilismo hacen que las autoridades cedan espacios constitucionales a la burocracia cada día más voraz, cada vez más teledirigida desde los cotos politiqueros. Ello indica que el objetivo sería consolidar más Estado y menos actividad privada.