Es oficial, estamos ya en la segunda ola de covid-19, lo cual era de esperarse teniendo en consideración el comportamiento del virus en Europa y explicable también que las regiones consideradas de riesgo muy alto como Ica sufran las consecuencias de las tomas de carreteras y disturbios que vimos en el mes de diciembre. Lo que llama más la atención es que esta segunda ola esté atacando a personas no de la tercera edad sino a jóvenes y adultos entre 30 a 50 años, evidencia de que todos somos vulnerables a este virus y sus variantes que ya circulan aquí; todos, de cualquier edad, y debe quedar bien claro en aquellos que aún desacatan las medidas de prevención, como la prohibición de hacer reuniones.

¿Y qué me dicen de la resolución de Indecopi, de su Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3)?, pues que ha remecido el ambiente universitario al sancionar en primera instancia administrativa a 26 universidades por realizar cobros ilegales, obligando a cumplir con requisitos prohibidos, y documentos innecesarios al alumnado, entre otras infracciones como la de cobrar intereses moratorios superiores al que fija el Banco Central de Reserva a los estudiantes que se atrasaban en sus pagos, violando de esta manera el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

¿Que la Sunedu no pudo haber actuado antes para frenar estos abusos que también se presentan en las universidades públicas al exigir irracionalmente pagos hasta por quítame esta paja a la población estudiantil, especialmente a aquellos que luego de culminar sus estudios se ven en la necesidad de tramitar su grado y/o título profesional? ¿Dónde queda la ley de simplificación administrativa aparte del contexto de pandemia que estamos viviendo?

Y qué de los reclamos también de que se quiere obligar a estudiantes a graduarse con la actual ley 30220 cuando se trata de alumnos que ingresaron e iniciaron su carrera con la ley anterior 23733 y que por tanto pueden hacer uso de las modalidades de esta última haciendo legítimo uso de que no se puede aplicar retroactividad a ninguna ley tal como lo señala nuestra Constitución en su artículo 103. Solo los alumnos que ingresaron a cualquier universidad después del 3 de julio del 2014 que se promulgó la nueva ley tienen que cumplir con las modalidades que esta indica.

Estos reclamos han sido ventilados incluso en la Comisión de Educación donde rectores y Sunedu se pelotean para cumplir con lo que claramente establece el marco legal vigente. Lo peor es tener instituciones timoratas para aplicar las leyes que le asisten; la Sunedu tiene un reglamento sancionador que pareciera haber olvidado y que le permitiría poner orden en las universidades. ¿Alguien sabe cómo marchan las denuncias penales interpuestas por su Procuraduría, sobre todo las que tuvieron como origen destapes de la prensa de investigación? Este es un punto neurálgico, señores de Sunedu, va ligado a la transparencia y firmeza. ¡Despierten!