Según UNESCO, la primera universidad que registra la historia es la de Qarawiyyin surgida en el año 859, convertida en un potente centro de estudios y producción de nuevos conocimientos, allí enseñó filosofía Maimónides. Al igual que la de Bolonia, la primera de Europa pues fue creada en 1088, rescata la cultura antigua y la desarrolla tratando de encontrar respuestas a los nuevos interrogantes. Las universidades medievales sentirán la presión política, porque el poder buscará controlar las ideas producidas; por ello, reaccionarán en Europa obteniendo estatutos de autonomía respecto a reyes y señores feudales, amparados por la Iglesia y gremios poderosos, mientras que en el mundo árabe serán arrasadas por el fundamentalismo religioso.

La universidad pública, tal como la comprendemos ahora, aparece cuando el Estado asume parte del costo de la formación profesional contribuyendo así al principio constitucional de igualdad de oportunidades, aunque con alguna diferencia, mientras las universidades públicas españolas cobran tasas académicas menores que las solicitadas por las universidades particulares, aquí el Estado paga generosamente el íntegro del costo, aunque el estudiante desapruebe todos los cursos.

En nuestro país los políticos no tardaron en utilizar la institución universitaria para lograr consolidar su influencia local, de forma que la aspiración de muchos ha sido crear una universidad en la provincia que les sirve de base electoral, aunque no exista la suficiente cantidad de profesores capacitados ni tampoco una verdadera demanda del servicio educativo. Tenemos casi la misma cifra de universidades públicas que España, pero el presupuesto es muy diferente, pues de 30 millones peruanos, solo 477 mil pagan impuestos según el INEI, el equivalente al 2.8% del total de la PEA. Eso explica por qué solo un puñado de esas instituciones tiene prestigio social, siendo la mayoría controladas por cúpulas mediocres, compuestas por malos docentes y pésimos gestores, incapaces de garantizar una mínima formación profesional que permita a sus graduados cierta seguridad económica, ni hablar por cierto, de crear o desarrollar conocimientos nuevos.

La reforma universitaria de los últimos años se ha centrado en exigir mayor seriedad académica en las particulares, en la necesidad de que cumplan estándares mínimos de calidad, pero no se ha enfocado en los problemas estructurales de las públicas. Peor aún, en el Congreso se quiere obligar al Estado a crear 10 universidades más, que contribuirán al fraude que significa ofrecer una carrera carente de las competencias necesarias para el desempeño profesional, un título a nombre de la Nación que no servirá para lograr un puesto en el mercado laboral.