Como usualmente se dice, “de un solo golpe y porrazo”, el Congreso de la República autorizó la creación de veintiuna universidades públicas, por supuesto sin ningún estudio serio, sin conocerse las necesidades educativas de cada localidad en que se supone habrá una nueva universidad, sin tampoco saberse del nivel educativo de los alumnos que terminan secundaria y, teóricamente, por lo menos, si estarían en aptitud de ingresar a los estudios universitarios. Tampoco se conocen las posibilidades de tener profesores universitarios en los nuevos centros educativos superiores, en los cuales, con arreglo a la ley, deben tener grado de por lo menos maestría, cuando no doctorado.
Tampoco se han estudiado las necesidades de financiamiento presupuestal para las nuevas universidades. Pero la realidad no es que tengamos estudios secundarios de calidad que hagan que los egresados de dicha etapa educativa puedan postular exitosamente a estudios universitarios. Ni se lo sueñen, las características de los estudiantes son muy elementales y, en las diversas investigaciones que se han hecho sobre comprensión lectora y de matemáticas, lamentablemente no tenemos los primeros puestos a nivel internacional, sino los últimos.
Poner universidades públicas cuesta, pero el tema raya en la irresponsabilidad, pues careciendo los parlamentarios de iniciativa en el gasto, alegremente crean más y más universidades que, por supuesto, generan gasto.
Presentar iniciativas legislativas para fundar más universidades es facilísimo, pues el papel aguanta de todo. Cuanto parlamentario de provincia existe, quiere que en su terruño exista alguna universidad pública y sus colegas, sabiendo que ello técnicamente no es factible, sin embargo, votan a favor de la creación de más universidades. Suponemos que no quieren que los electores de la provincia en que se afincará la nueva universidad los tengan en la lista negra y no les den su voto.
Como la ley que aprueba la creación de más universidades deberá ser promulgada dentro de los quince días de recibida la autógrafa por el Poder Ejecutivo, ese poder del Estado la promulga y publica irresponsablemente, puesto que no quiere tener en contra a los ciudadanos electores de la provincia para la cual se aprueba el establecimiento de una universidad. El pecado de los congresistas autores del proyecto de ley, de los congresistas que votaron a favor y del Gobierno Central que no observó la ley, pudiéndolo haber hecho, es un pecado compartido, y todos con la misma causal: pretender estar bien con los electores pese a que la iniciativa legislativa sea un mamarracho.
El tener infinidad de universidades no hará que nuestro país sea más talentoso, más educado, más instruido y, por supuesto, más culto. El número de universidades para ello no importa, ya que lo que sí importa es la calidad educativa y, por supuesto, la buena preparación de los estudiantes que salen de la secundaria para entrar a la vida universitaria. Si es que no hay todo esto último, de nada servirá la existencia de más universidades, de donde saldrán solamente émulos del famoso “Platero” de la obra del genial Juan Ramón Jiménez.

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