Para hacer frente a la pandemia resulta absolutamente indispensable disponer de una plataforma estadística confiable. Sin embargo, no la tenemos, porque las cifras difieren entre las propias instituciones del Estado, creando confusión o desconfianza en los ciudadanos, y afectando la puesta en marcha de una planificación sanitaria técnicamente sustentada.

El Ministerio de Salud reporta 41,354 muertos; las direcciones regionales (Diresa), 57,069 fallecidos y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 91,320 víctimas mortales. Es decir, existe una diferencia superior al 100% entre los registros de las propias entidades públicas, en circunstancias que hay un alarmante déficit de camas UCI, de balones de oxígeno y de personal médico especializado, a lo cual debemos agregar contradictorias informaciones sobre las vacunas, y que el volumen de infectados se eleva a 1’142, 716.

En esta dura batalla por salvar la vida de sus semejantes, muchos compatriotas han entregado las suyas.
Hasta la fecha, como consecuencia de la COVID-19, un número de 530 policías han muerto y 40,000 resultaron contagiados; 389 médicos y enfermeras fallecieron y 20 mil terminaron infectados, y 700 miembros de las Fuerzas Armadas y 46 bomberos también perecieron en cumplimiento del deber.

El esfuerzo ha sido y es muy grande para que la primera línea de nuestros defensores –personal de salud y seguridad – pudieran garantizar (con su vida y de sus familiares) que no se expanda el contagio del virus.
En correspondencia a ese esfuerzo, es necesario que la información pública sea rigurosa, confiable, lejos, muy lejos, de perversas manipulaciones políticas/mediáticas que observamos en varias oportunidades, especialmente en el 2020.

Durante el deplorable gobierno de Vizcarra no sólo se embadurnó la cifra de fallecidos, sino que la siniestra engañifa se extendió al número disponible de camas UCI, equipos de protección, pruebas moleculares, cámaras de oxígeno, a promesas incumplidas de construir centros hospitalarios, así como a la adquisición de vacunas. Con todo ello, el Gobierno pretendió ocultar una catástrofe sanitaria que nos ubicó como el país con mayor número de infectados en el mundo por millón de habitantes y el de más alta caída del PBI en la región.

Decir la verdad es, por tanto, un deber político y moral del Gobierno y de los especialistas en salubridad; más aún, cuando hemos vivido cuatro largos años manipulados, a la sombra de campañas psicosociales, de mentiras y promesas groseramente incumplidas, del uso y abuso del régimen vizcarrista de la agnotologia como estrategia política.

Luis del Val, talentoso escritor español, refiriéndose a las artimañas empleadas por Trump para no reconocer la victoria de Biden, decía que hizo uso de la agnotología, ”ciencia que fomenta, de manera deliberada, la confusión y la ignorancia”, oscureciendo la verdad, para convencer a millones de sus compatriotas de que se había producido un fraude electoral. Esta tecnología de la desinformación, para distraer o confundir a la opinión pública, fue sistemáticamente empleada por el exmandatario Vizcarra, que ahora no vacila en sostener que la compra de vacunas es resultado de su gestión, cuando todos sabemos que por su ineptitud administrativa miles de peruanos han perdido la vida y están en la miseria, además de que no se concretaron esas adquisiciones.

A pocas semanas de las elecciones, evento mayor que obliga a gobernantes y gobernados a actuar con seriedad y espíritu de concertación, es indispensable que el régimen de Sagasti brinde información precisa sobre el arribo y distribución de las vacunas, porque sin duda ese será el tema central de la campaña electoral.