La lucha por la democracia en el Perú continúa y seguirá hasta un desenlace drástico. Como proceso legal falta que el JNE resuelva la observación de centenares de actas impugnadas; por tanto, y aunque tenemos desconfianza fundamentada en la idoneidad de ese tribunal, hoy todavía no podemos gritar fraude. Pero en términos de legitimidad política nos asiste la convicción de advertir que se está torciendo la voluntad nacional con mecanismos perversos que incluyen a todo el sistema electoral.
Hasta tanto se alcance una resolución pasarán varios días más de pública tensión, pero en privado están ocurriendo cosas gravísimas: primero, los pronunciamientos de Fernández, Evo, Lula, etc., reconfirman que la toma del poder en el Perú es parte del plan de la Coordinadora Continental Bolivariana. Segundo, el verdadero patrón de PL es Vladimir Cerrón, irracional marxista – leninista, quien ha conseguido un forzado hábeas corpus para evadir la sentencia por corrupción como gobernador de Junín y convertirse en jefe de gobierno de Castillo. Tercero, se han desestimado posiciones tibias como la del economista invitado Pedro Francke, porque ya existe un plan de 14 puntos para imponer una “economía popular de mercado”. Cuarto, se está movilizando la marcha sobre Lima con caravanas de narcotraficantes, cocaleros y activistas azuzados por las tres izquierdas pactadas: leninista, maoísta y caviar. Producto de ello será la inmediata convocatoria a una Constituyente. Quinto, se está organizando el control de todo el Estado vía elecciones regionales y municipales manipuladas el 2022.
El financiamiento proviene del Grupo de Puebla y el cartel de los Soles; los infiltrados detectados son el G2 cubano, el SEBIN venezolano, agentes rusos, chinos e iraníes. Además ya se está armando la Cancillería de Castillo con diplomáticos izquierdistas y el eventual aporte “mediador” de gente como De Soto.
A todo eso se agregan coordinaciones con funcionarios de la gran banca privada. Y, último pero no final, el encargado de la presidencia Sagasti está contribuyendo con la felonía de desestructurar a la PNP.
Obviamente, en estas circunstancias la defensa democrática debe mantenerse a tope. Salvo que tengamos convicción de una decisión correcta del JNE, lo óptimo sería declarar inválidas estas elecciones por carencia de legitimidad y convocar a un nuevo proceso desde el Congreso que asumirá el 28 de julio; pero si eso no fuese posible tendrán que contemplarse soluciones alternativas más radicales. Lo que está en juego no es un gobierno, sino la libertad de 33 millones de peruanos.

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