Gracias a las políticas del Socialismo del siglo XXI, en Venezuela reina el hambre y la miseria. Las políticas implementadas por el chavismo, entre ellas la planificación centralizada de la economía, el control de precios y el asistencialismo han llevado a Venezuela a la debacle social y económica.

De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida de Venezuela (Encovi), hoy el 80% de la población venezolana vive en la pobreza extrema y su PBI ha decrecido en 70% entre el 2013 y el 2019. Más de 5 millones de venezolanos se han visto forzados a huir de su país debido a que, simplemente, ha dejado de ser un país viable.

Debido a esta crisis humanitaria, otros países de la región han recibido a una cantidad inmensa de venezolanos. Sólo el Perú ha recibido a 1 millón 200 mil, convirtiéndonos en el segundo país en albergar a más venezolanos en la región, después de Colombia, y nuestra capital en la segunda ciudad en albergar a más venezolanos en el mundo.

El Perú, tomando en cuenta que los venezolanos sufren una terrible crisis humanitaria, ha asumido con solidaridad un gran esfuerzo por acogerlos. Sin embargo, se ha generado un visible descontento local que, lamentablemente, en muchos casos se traduce en actitudes xenófobas que son agudizadas por la recesión económica que atravesamos.

Si bien la mayoría de los venezolanos que ha ingresado a nuestro país se ha integrado a nuestra economía y contribuye en la generación de valor, hay un grupo reducido que se ha dedicado a la delincuencia, el cual es magnificado de manera desproporcionada e incluso explotado políticamente. Recordemos cuando el exministro del Interior vizcarrista, Carlos Morán, anunció la creación de una brigada especial contra la “migración delictiva”, cuando de acuerdo a cifras del propio ministerio, solo el 2% de los crímenes son cometidos por extranjeros.

En tal sentido, es importante hacer un esfuerzo por no generalizar y por tratar el problema con responsabilidad. Esto, por supuesto, no quiere decir que no debamos ser severos con quienes, pese a haber sido recibidos en nuestro país, no cumplen con el requisito mínimo de respetar nuestro ordenamiento legal.

Debemos abrirle las puertas a quienes vienen al Perú huyendo de la miseria y en busca de una mejor vida y nuevas oportunidades; pero ser solidarios y cumplir con nuestros compromisos internacionales no puede implicar una renuncia a nuestra soberanía, traducida en la facultad de expulsar del país a aquellos extranjeros que, vengan de donde vengan, cometan delitos en el Perú.

Además, es necesario poner en el centro del debate sobre el problema migratorio el hecho de que con la llegada de Martín Vizcarra al poder, el Grupo de Lima quedó neutralizado y abandonado por Cancillería. Retomar y reforzar esta iniciativa debe ser un compromiso ineludible del próximo gobierno.