El general (r) Juan Rivero Lazo lleva más de 22 años en prisión y con nuevos juicios y sentencias pretenden hacerlo morir en la cárcel.

A Rivero lo han acusado por autoría mediata en los delitos cometidos por el grupo Colina, porque él era jefe de la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército), a pesar que nunca le han podido probar relación alguna con las acciones de ese destacamento. Simplemente le aplicaron la teoría de la autoría mediata, según la cual alguien que está en un nivel superior de la jerarquía, es responsable de los actos delictivos de los escalones inferiores aunque no los haya ordenado ni conocido.

En realidad, los caviares que manejaron los procesos desde el 2001 necesitaban involucrar a Rivero para establecer la supuesta culpabilidad de Alberto Fujimori, construyendo una imaginaria línea de mando para realizar operaciones criminales, que iba desde el presidente hasta el grupo Colina, pasando por Nicolás Hermoza –Comandante General del Ejército- y Rivero, jefe de la Dinte, según señalan los familiares.

A él y a muchos otros militares, jueces y fiscales prevaricadores les han aplicado normas legales que no estaban vigentes cuando se cometieron los supuestos delitos que les atribuyen. Así, muchas veces fundamentan sus sentencias aduciendo el delito de lesa humanidad, que solo entró en vigencia en el Perú el 2003, haciendo imprescriptibles esos delitos.

Dejando de lado la caracterización de lesa humanidad, es obvio que no puede considerarse para lo sucedido en la lucha antiterrorista de las décadas de 1980 y 1990. En ese caso, los supuestos delitos cometidos por los militares prescriben a los 20 años. Sin embargo, hoy día siguen sentenciando a militares por hechos ocurridos hace 30 o 35 años.

El ensañamiento es evidente y a nadie parece importarle. Rivero Lazo estuvo preso más de 12 años con sucesivas prisiones preventivas hasta que lo sentenciaron.

El Congreso debería pronunciarse, aclarando que no puede aplicarse una ley retroactivamente, principio axiomático en cualquier sistema judicial del mundo, salvo en el Perú, donde está dominado por los caviares.

No solo es injusto sino desmoralizador y peligroso permitir que los que derrotaron al terrorismo sean enviados a prisión por los herederos y aliados del terrorismo.

Otrosí digo. Una sospechosa compra de fusiles para el Ejército se acaba de concretar. A través de FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército) se han comprado diez mil fusiles Arad 7 a la empresa israelí IWI.

Esas armas no las usa ningún ejército en el mundo (tampoco el de Israel), no han sido probadas en el Perú y su precio es mucho más alto que el que ofreció la misma empresa a la policía de Brasil.

La labor de FAME es infame. No es la primera vez que ocurre algo así. Sus productos son de mala calidad y se obliga a las FFAA y PNP a adquirirlos.

Es hora que el ministro de Defensa responda por eso y deje de esconderse en el fenómeno del Niño.

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