Hace ya más de un año en esta columna comenté que el sector energético era un barco a la deriva, hacíamos referencia en aquella oportunidad al conflicto entre las empresas generadoras hidráulicas y las termoeléctricas que usan el gas natural como combustible y donde a estas últimas se les permitía declarar costos a su real criterio, entiéndase, “conveniencia”, con el aval del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en mérito a un controvertido decreto dado por dicho sector en el 2017. Recordemos que la opinión mayoritaria de los expertos fue que esa situación generaba graves distorsiones en los precios de la electricidad tanto para los productores, especialmente las centrales hidráulicas, las distribuidoras y para los consumidores finales denominados clientes regulados donde se encontraban los hogares y pequeños negocios; el Minem ante los reclamos de los perjudicados se comprometió a dar una solución al problema a través de una comisión de expertos que iban inclusive a ir aún mucho más allá, elaborando una propuesta de reforma del sector eléctrico tendiente a devolver el brillo que tuvo la primera gran reforma de noviembre de 1992 conocida como Ley de Concesiones Eléctricas.

Lo cierto es que nunca se cumplió con el ofrecimiento y esto trajo como consecuencia un fallo judicial (inesperado) promovido por Luz del Sur y emitido en segunda instancia por la Corte Suprema, que conmina al ministerio en cuestión a dejar sin efecto su Decreto Supremo N° 043-2017-EM, señalando (según tenor de la sentencia) que éste concedía una ventaja injustificada a un sector de generadores en perjuicio de los otros, al otorgarle (a las que usaban el gas natural) “la posibilidad de modificar, y en cierta medida manipular el mercado a su conveniencia”. El fallo también hace referencia a que es inadmisible de acuerdo a nuestro orden constitucional, la posición que asumió el Minem de no poder hacer nada ante tal situación, ya que según estos se trataban de acuerdos entre privados. Vergonzosa actitud del ente que por ley es el único llamado a normar las actividades del sector energético.

La inacción del sector energético del Ministerio de Energía y Minas se aúna a una cadena de desaciertos que generaron desconcierto y decepción a los inversionistas, entre los que se recuerdan también los costosos subsidios a energías renovables que pagan los usuarios por veinte años y que se introdujeron cuando eran demasiado caras originando perjuicios en las tarifas. La verdad es que si el Minem sigue por la misma ruta, entonces no sería raro que termine desapareciendo como alguna vez con ironía entendible alguien sugiriera; por lo pronto están obligados ante esta enmienda de plana del Poder Judicial, a emitir una nueva norma que corrija las distorsiones en los precios de electricidad que el mismo sector ha originado.