Minería informal e ilegal: depredación, violencia, criminalidad e impunidad

Minería informal e ilegal: depredación, violencia, criminalidad e impunidad

El pasado día 2, en la provincia de Pataz, en La Libertad, encontrándose en estado de emergencia, se produjo cruel ataque en un socavón de la minera Poderosa (primera exportadora de oro del país) asesinando 10 trabajadores con armas de guerra y explosivos. Según autoridades de La Libertad, habría sido ejecutado por “parqueros” (sicarios contratados por mineros ilegales), ese mismo día, además, destruyeron 10 torres de seguridad. Según la empresa, 3 meses antes del atentado, advirtieron, hasta en 20 reuniones, sobre la situación de inseguridad en la zona donde hay 48 plantas ilegales que procesan oro ilegal, sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción, recién se está proponiendo implementar sedes policiales en 5 distritos de La Libertad, incluyendo Pataz con 30 efectivos de Dinoes.

Aunque la minera informal, y la abiertamente ilegal, han causado violencia coludidos con bandas delincuenciales, durante este gobierno se incrementaron las más graves, además del reciente en Pataz, también en Arequipa, en Atico, Caravelí, un enfrentamiento entre mineros informales por disputa de terrenos dejó 14 muertos y 12 desaparecidos, y en agosto-2022, en Choco, Castilla, en el campamento de mina Paula, una balacera entre mineros ilegales ocasionó un fallecido y ocho heridos, además, actúan pretendiendo espantar la minería formal con violencia como sucede en Las Bambas, Shahuindo, La Rinconada.

Este gobierno comunista tiene grave responsabilidad, en la primera fase, Castillo prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera hasta diciembre 2024 (Ley 31388, diciembre-2021) con inscripción vigente en el Registro de Formalización (Reinfo), el cual permite total impunidad de mineros informales e ilegales solo con inscribirse, su normativa debería ser urgentemente reformada con cumplimientos estrictos de plazos y solo otorgarse autorizaciones al concluirse el proceso, y justamente, en agosto-2022, Castillo se reunió con cientos de mineros informales ofreciéndoles anular normas y decretos lesivos para que se formalicen. En la segunda fase, Boluarte dijo en enero-2023 que no se puede anteponer la minería por encima de la vida y el agua, y jamás se ha referido a la peligrosidad, criminalidad e impunidad que ronda la minería informal e ilegal, solo hasta que se produjo este vil crimen en Poderosa, increíblemente manifestó que “analiza formalizar la minería ilegal”.

Bajo este panorama, se calculan 500,000 mineros ilegales a nivel nacional que amenazan nuestra seguridad, economía, depredan aguas, suelos, bosques y contaminan el medio ambiente, según la SNMPE, la minería ilegal ocasiona pérdidas anuales de S/ 22,700 millones (2.5% del PBI), crece anualmente a tasa de 11.7% y su valor de producción supera al del narcotráfico, aun así, este gobierno comunista, para combatir este flagelo, ha reducido en 0.49% el presupuesto 2024 respecto al de 2023.

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