La Constitución Política contempla en el Artículo 93, que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

El procedimiento de acusación constitucional está previsto en el Artículo 89 del Reglamento del Congreso, mediante el cual se realiza el antejuicio político; el acuerdo aprobatorio requiere la votación de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los integrantes de la Comisión Permanente. El expediente con la acusación constitucional es enviado al Ministerio Público, quien procede conforme a lo que dispone la Ley de leyes.

Sin embargo, a pesar de este precepto constitucional el congresista Manuel Merino será investigado de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien en un comunicado, anunció que Merino será investigado por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada; estos delitos, según la fiscal, se habrían cometido “en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos”.

La fiscal de la Nación sostiene que existe la posibilidad de establecer una “cadena de mando” en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.

El desconocimiento constitucional es adrede por parte de la fiscal de la Nación, al olvidarse del Artículo 93 de la Carta Magna, los congresistas gozan de inmunidad desde el día que juran al cargo hasta un mes después de culminar sus funciones.

Los pedidos de levantamiento de inmunidad son emitidos por el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema y es el Ministerio Público quien solicita el retiro de la inmunidad ante el Poder Judicial.

El procedimiento para que un legislador pierda su inmunidad figura en el Artículo 16 del Reglamento del Congreso y consta de la admisión del pedido en la Comisión de Levantamiento, la comunicación al Consejo Directivo para que agende una sesión plenaria y el debate final en el Pleno, que deberá votar el mismo día o en una fecha siguiente.

Durante el debate en el Pleno el parlamentario puede ejercer su derecho de defensa. Para que proceda el levantamiento, se necesitan 66 votos.

Es vital tener en cuenta la naturaleza y fundamento de la inmunidad que se encuentra regulada en la Ley de leyes y no puede ser pisoteada por la fiscal de la Nación, el Artículo 99 de la Constitución otorga inmunidad a los congresistas, para que no puedan ser investigados sin previamente haber sido sometidos al procedimiento parlamentario del antejuicio político.

Recién en agosto próximo el Ministerio Público puede investigar a Merino, antes es violar la constitucionalidad.