¿Quién controla a la Fiscalía de la Nación? En concreto, ¿quién fiscaliza a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez? ¿La ciudadanía tiene que estar a merced de lo que digan y hagan estos burócratas? La verdad es que, en materia del Ministerio Público, el Perú está de cabeza. Acá la Fiscalía es un ente omnipotente, omnipresente y amenazante, dedicado a intimidar a la sociedad. Cuando su deber es, más bien, someterse a ella. Así dispone la Constitución aprobada por el Soberano. Ordena a ese órgano proceder, “por cuenta de la ciudadanía”, como entidad investigadora para que la Justicia procese causas penales. Sin embargo acá somos testigos de que un par de fiscaletes actúan como prima donas -excéntricos a la organización que preside la fiscal de la Nación y ajenos a su Junta de Fiscales- enervando inconstitucionalmente el mandato que tienen de la Carta Magna y las normas que regulan al Ministerio Público. Es más, los citados fiscales han politizado la Fiscalía. Y como derivado al sistema judicial, poniéndolo a órdenes del Poder Ejecutivo.

A tal extremo que el presidente Martín Vizcarra abandonó un viaje oficial a Brasil retornando a trompicones a Lima para encabezar una cruzada dirigida a vacar al entonces fiscal de la Nación, quien había dispuesto que Vela/Pérez dejasen la Fiscalía Anticorrupción. Así Vizcarra violentaba la Constitución, convirtiendo aquello tácitamente en su primer golpe de Estado. El entonces fiscal de la Nación era Pedro Chávarry. Acababa de ascender al cargo “por antigüedad”. Concepto adoptado por la Fiscalía desde su creación. Pero fue sustituido en el fujimorato por el método de “mayoría de votos”. Fue para reelegir indefinidamente a Blanca Nélida Colán. La idea original de la “antigüedad” retornó con la democracia a comienzos de siglo. Lo dispuso el Congreso durante la gestión de Valentín Paniagua. No obstante Vizcarra -golpista como Fujimori- reimplantaría la idea fujimontesinista de la “mayoría de votos” para –al clásico estilo de Blanca Nélida Colán- imponer a su amiga Zoraida Ávalos Rivera. Algo evidentemente muy insano para la democracia y el Estado de Derecho, amable lector.

Al peligro esperpéntico de tener un Ministerio Público politizado se suma el de lastrar a una institución ineficaz. Porque de 73 casos que manejan las fiscalías anticorrupción -13 en poder de Vela/Pérez desde 2017- siete mantienen la calidad de “Requerimiento mixto (acusatorio y sobreseimientos) etapa intermedia”; y los 66 restantes permanecen como “Investigación Preparatoria”. ¡Luego de tres años ningún emplazado está siendo procesado! ¡No existen culpables! En rigor, casi ninguno de esos 73 imputados están siendo investigados por los fiscales anticorrupción! En especial por Vela y/o por Pérez. Ocurre que la información que recogen procede de colaboradores eficaces y/o testigos protegidos, que “venden” datos a cambio de declararse culpables para poder reducir la condena carcelaria que le correspondería. Para ello -excepto a las “personalidades” de Odebrecht, todas escandalosamente en libertad- encarcelan preventivamente a sus víctimas y esperan a que sucumban en las mazmorras para extraerles “información”. Así de escabroso es el Ministerio Público que manipula Martín Vizcarra, amable lector.