Mirando el espejo de la grave situación de seguridad en Ecuador
Mirando el espejo de la grave situación de seguridad en Ecuador
Una verdadera prueba de fuego para el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha sido la compleja situación de inseguridad ciudadana en el país de los últimos días, a raíz de la reciente fuga del temido delincuente, José “Fito” Macías Villamar, uno de los más avezados, que ha sido asociado al narcotráfico que busca ganar espacio y dominar la escena nacional de nuestro hermano país del norte, buscando anarquizarlo. El joven mandatario Noboa ha decretado el estado de excepción, dado que se han producido en cadena una serie de motines en diversas cárceles del país y hasta la toma de diversos medios de comunicación por los facinerosos. La determinación del gobierno supone que las Fuerzas Armadas ecuatorianas podrán ingresar en los establecimientos penitenciarios para sofocar y controlar el desenfreno que parece indetenible y asumir el control urbano. La reacción de Noboa ha sido audaz por su rapidez sabiendo, además, que le lloverían muchas críticas por las medidas adoptadas sobre todo por permitir que las Fuerzas Armadas ingresen en los penales del país y que puedan tener control del referido ámbito urbano. Nosotros deberíamos mirar la experiencia ecuatoriana y ante la ola de delincuencia en el país, también deberíamos decidir que nuestros militares salgan a las calles para neutralizar y /o erradicar la delincuencia, pero seguimos con la misma cantaleta de siempre que dice que las Fuerzas Armadas no están preparadas para actuar en el frente interno y combatir a la delincuencia urbana.
No hay pragmatismo ni interpretan las prioridades según las necesidades nacionales. Nótese que la medida ecuatoriana supone que en estado de excepción son las propias Fuerzas Armadas las que asumen el control del orden interno del país; en cambio, en el Perú, se dicta estado de emergencia y la Policía Nacional del Perú, que tiene a su cargo el control del orden interno en tiempo de normalización nacional, también lo lidera durante el estado de emergencia. Es absurdo. La experiencia ecuatoriana, que en estos momentos lidia para que el país no caiga en manos del narcotráfico, debe servirnos para que el país no quede normalizado por el sicariato, el secuestro, la trata de personas, los asaltos y robos al por mayor. El estado de emergencia ha perdido el impacto que tuvo en el pasado y las medidas que se adoptan para combatir la inseguridad ciudadana son dispersas y sin un nivel coordinación que la conciba como un problema transversal. El desorden está a la vista. Los alcaldes –seguramente con buena fe pero no basta– deciden contratar guardaespaldas o proponer armas paralizantes para neutralizar a los delincuentes, o comprar más vehículos para las faenas de patrullaje por las calles. Ninguna medida es liderada por una autoridad central por lo que los resultados no serán jamás los esperados. Veamos en el caso ecuatoriano lo que puede pasar en el Perú si no adoptamos medidas conjuntas y de Estado para combatir realmente la delincuencia urbana que se ha convertido en un problema nacional.
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