La población femenina rural sigue siendo la más discriminada en el país. Según el Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Perú, hasta hace tres años, esta población llegaba a tres millones 460 mil aproximadamente. Son mujeres que habitan las zonas rurales del país y permanecen casi ignoradas no sólo por el estado, sino por sus políticas públicas que no les alcanza eficientemente y ante quienes no llegan las miradas de quienes habitan en las ciudades y tienen el control de los organismos y las instituciones de la sociedad urbana.

No obstante ello, estas mujeres son quienes llevan el rol protagónico en sus comunidades de origen y constituyen pieza clave para la promoción del desarrollo agrícola y rural, sin mayor reconocimiento oficial, tanto que el Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado hace unas semanas, ha pasado inadvertido entre nosotros. Ni los medios de información masiva, ni los organismos públicos de estado han hablado de ellas para empoderarlas como personas que juegan un rol importante en el desarrollo.

Por el contrario, las situaciones de discriminación en los terrenos de educación y salud, principalmente, se presentan en ellas con más fuerza por su condición de mujeres y por ser de zonas rurales. Es nuestra realidad. “En el contexto de pandemia por Covid–19, las mujeres rurales enfrentan una serie de obstáculos adicionales que exacerban la situación de discriminación que enfrentan, como las limitaciones para acceder a servicios públicos, la devastación de comunidades rurales debido la propagación del virus, y la interrupción de la cadena de producción alimenticia y la dificultad para su distribución en los mercados nacionales que impacta particularmente a las productoras de alimentos a pequeña escala”, dice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Se sabe que dicho sector está abocado en proponer políticas públicas que garanticen el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de este maltratado sector de la población rural. Se dijo que todo ello está comprendido dentro de la estrategia integral con enfoque de género que busca, precisamente, erradicar la “discriminación estructural” contra las mujeres, extendiéndolas no sólo a las mujeres rurales, sino también a las nativas amazónicas. Sin embargo, aun cuando a este esfuerzo se hayan sumado otros sectores como los ministerios de Agricultura, Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Perú, los resultados, a estas alturas, no parecen ser del todo convincentes en la revaloración de los derechos de estas mujeres.

Un informe elaborado por Asociación Servicios Educativos Rurales – Perú sobre la situación de las mujeres rurales en el Perú sigue considerando que “la mujer rural e indígena es ejemplo de una suma de discriminaciones, pues está atada a cadenas que dan lugar a otra serie de inequidades y exclusiones, responsables de que el círculo continúe. Este contexto fluctuante que enfrentan las mujeres rurales e indígenas demanda la necesidad de construir data de manera sistemática para entender la discriminación y la desigualdad desde una base de multidimensionalidad, que permita responder a la problemática con un marco normativo y con políticas públicas explícitas capaces de responder a las
particularidades de las mujeres rurales e indígenas”.

Quizás sea esta política púbica la que está faltando. Lo cierto es que basta mirar las más de siete mil comunidades campesinas existentes en el país para comprender que la situación que presentan las mujeres del campo es bastante compleja y preocupante que nos obliga a todos a comprometernos en despertar conciencia sobre esta población, de modo que sus derechos les sean reconocidos de manera efectiva y con criterio de justicia histórica.

Juez Supremo