Las ardientes protestas de los trabajadores del campo en las regiones de Ica y La Libertad, ambas potenciales exportadoras, han desnudado la disconformidad y el hartazgo hacia el régimen laboral que recorta sus derechos, malestar que ha ido ‘in crescendo’ y que alcanzó su pico en los últimos días paralizando prácticamente el sur chico y parte del norte del país, no avizorándose al cierre de esta columna una solución o una tregua que restablezca por lo menos el tránsito interprovincial y el abastecimiento de productos de panllevar, combustible y oxígeno que ya escasea pronunciadamente en estas zonas.

Nadie niega que unos de los motores de nuestra economía es la agricultura y que en estas difíciles épocas de pandemia la agroexpotación es una de las actividades generadoras de ingresos al Perú, pero en contraparte, los protagonistas de este boom comercial, “los obreros” han soportado por años que en pro de “promocionar” la actividad agraria incentivando la inversión en este sector y evitar la informalidad del empleo, que su jornal diario incluya su remuneración básica, gratificaciones y CTS, a la sazón pagos cancelatorios. Y es que lo que nació al amparo de una norma con plazo cierto de vigencia allá por el año 2000, fue ampliándose hasta el 2031, lo que evidentemente ha desnaturalizado aquello de “promoción”, que fuera la finalidad primigenia de su Ley.

Llama la atención que los órganos de inteligencia no hayan avizorado del estallido social desatado por los trabajadores del campo y que ha paralizado comercialmente a dos de nuestras regiones, prácticamente se encuentran hackeadas, principalmente por el bloqueo de sus carreteras, situación apremiante no solo por la descomposición de la carga de los camiones a lo largo de la Panamericana Sur, sino también por la restricción del tránsito de ambulancias y proveedores de combustible y oxígeno, esto último vital en la actual crisis sanitaria por la covid-19. El conocimiento oportuno del eventual estallido social de esta olla a presión hubiese permitido al Ejecutivo adoptar medidas de prevención y, en su caso, de solución a los reclamos de los obreros y no haber llegado a estos extremos, donde inclusive se da cuenta de la muerte del joven Jorge Muñoz Jiménez en Virú – La Libertad en medio de las protestas, la que se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía para individualizar a su(s) autor(es).

La situación es crítica en Ica y La Libertad y esperamos que con la tranquilidad de haber recibido el voto de investidura al Gabinete Bermudez, se den medidas concretas y diligentes que reviertan esta paralización y se restituya los derechos de los trabajadores del campo, víctimas de “services” y de empleadores informales, poco o nada fiscalizados por la Sunafil a falta del número necesario de inspectores a lo largo de estos años a causa del desinterés de los gobiernos de turno, que no los potenció con el presupuesto necesario para tal efecto.