Sin ánimo de tener una consideración especial a algún tipo de migrantes en el Perú, pues el fenómeno de la migración se presenta por causas ajenas a la voluntad de los ciudadanos que han decidido trasladarse a vivir en nuestro país, en el que generalmente son acogidos con buena voluntad, no se puede dejar de reconocer el problema que se presenta cuando estas personas cometen delitos graves en el territorio del Estado que los acogió. Frente a esta situación, corresponde analizar la necesidad de mejorar el tratamiento de la pena de expulsión del país que está vigente en nuestro Código Penal de 1991, pero que tiene una aplicación bastante limitada.

Hoy no es un secreto que el actual sistema de justicia penal de nuestro país atraviesa una situación bastante difícil. No solo por lo dilatado de los procesos, sino también por el hacinamiento penitenciario que ha llegado a una situación insostenible. Corresponde entonces examinar las alternativas de sanción más allá de la privación de la libertad, las cuales hasta podrían permitir el uso de mecanismos de cooperación internacional. Si se observa desde el punto de vista humanitario, esto permitiría al extranjero cumplir la condena en su país con la posibilidad de comunicarse y tener mayor cercanía a su familia. Pero antes, hay que considerar lo que dispone nuestro Código Penal vigente.

La pena de expulsión del país prevista en el artículo 30 del Código Penal peruano se contempla solo en su artículo 303 para el delito de tráfico ilícito de drogas, en el que expresamente se indica que el sentenciado “haya cumplido la pena privativa de libertad impuesta” o “se le haya concedido un beneficio penitenciario”. Sin embargo, las estadísticas de los últimos años revelan casos de extranjeros que han cometido diversos delitos, como asesinato, sicariato, feminicidio, agresiones, robo agravado, extorsión, trata de personas, explotación sexual, entre otros. Surge entonces la necesidad de contemplar la pena de expulsión del país como una sanción conjunta o alternativa. De darse en este último caso, no estaría sujeta al cumplimiento previo de la pena privativa de libertad, sino que abriría las puertas de la cooperación internacional para el intercambio o traslado de sentenciados extranjeros.

Regularmente la expulsión del país se realiza cuando en nuestro territorio residen extranjeros indocumentados o ilegales, pero no como una sanción que corresponde como consecuencia de la comisión de un delito, sino por su estado migratorio irregular. Con el crecimiento de las cifras de criminalidad e inseguridad en el Perú, en las que un sector importante de delitos graves es atribuido a los extranjeros, sería necesario repensar esta pena y plantear las modificaciones con miras a ampliar sus alcances y su forma de aplicación.

Lo señalado en el párrafo precedente responde únicamente a medidas de política criminal que todo Estado debe adoptar en pro del bienestar de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que residen en su territorio.