Ni renuncia ni denuncia

Ni renuncia ni denuncia

Vacancia presidencial es lo que hoy requiere el Perú a fin de librarnos del Presidente Castillo, quien está moralmente incapacitado para seguir ejerciendo tareas de gobierno por las mentiras que cada minuto comete en agravio del pueblo. Comprendo a todas las personas que de buena fe exigen su alejamiento de la conducción del Estado. Sin embargo nos encontramos frente una muralla quizás más dura y larga que la de China, apuntalada por los hermanos Cerrón, que lo exhortan para que continúe destrozando al país con lamentables nombramientos y medidas tan absurdas como la paralización de La Pampilla.

Un mandatario incapaz de darse cuenta que el país no puede quedarse sin combustibles porque eso nos llevaría a la parálisis del transporte, no merece quedarse un minuto más en Palacio de Gobierno. No es un problema de ignorancia culpable, porque hoy día hasta los ex partidarios caviares de Cerrón se han dado cuenta que carece de la mínima preparación para desempeñar sus funciones. Y si la tuviere, estaría entonces actuando de mala fe, que en determinadas situaciones puede ser peor que la falta de conocimientos, al arrojarnos deliberadamente a una tiranía comunista en nuestra patria. Hemos llegado al límite de la resistencia democrática en el Perú.
Pero hay también un grupo de ciudadanos opositores de buena fe que han presentado en el Congreso una denuncia contra Castillo por el delito de traición a la patria previsto en el Artículo 117 de la Constitución. Se trata de un planteamiento serio basado en las declaraciones de Castillo en la desdichada entrevista que le hiciera el periodista de la CNN Fernando del Rincón. Castillo tiene la absurda creencia que como Presidente de la República puede regalar a Bolivia parte el Dominio Marítimo del Perú basado en tratados y en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Castillo sostuvo sus desafortunadas declaraciones repitiendo su muletilla que antes habría que consultarle al pueblo, olvidándose que los tratados internacionales en vigor conforme a la Constitución no pueden ser objeto de consulta popular. Ese solo desconocimiento es causal de vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, al margen de los méritos jurídicos de la denuncia, su procedimiento no solo implica el pronunciamiento previo del pleno del Congreso para suspenderlo en la presidencia por un tiempo indeterminado, sino además mientras tanto, debería ser reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte. Con ese cambio, sin duda, el Perú caería en un mal tan grave como el que se pretende evitar.

En tal virtud, en las actuales circunstancias, los congresistas de la oposición democrática, sea cual fuere la bancada a la que pertenecen, deben sumar esfuerzos para presentar la moción de vacancia por incapacidad moral permanente y luego alcanzar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo. Es un imperativo moral categórico que debe responder al dictado de sus conciencias.

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