Martín Vizcarra repite machaconamente que el caso Swing (Richard Cisneros) es desproporcionado y sobredimensionado, ofendiendo la inteligencia de los peruanos. Arguye que el pago de S/175,000 a Swing es una cifra de menor cuantía. Ha creado un tarifario a la medida de su laxa moral, soslayando que obligó al Ministerio de Cultura a actuar ilegalmente, irrespetando las normas. Y no es el único caso, están los de sus amigotes y parientes en otras entidades del Estado.

Lo cierto es que Contraloría ha determinado que el proyecto Chinchero “generó un grave perjuicio al país”, dándole en la yugular a Vizcarra, quien por entonces era ministro de Transportes. La fiscal a cargo de este caso, Zoila Sueno Chirinos (reemplazó al fiscal José Pérez por orden de Gonzalo Chávarry, exfiscal de la Nación), ha remitido sus elementos de convicción a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que investigue a Martín Vizcarra por ser alto funcionario. Sueno Chirinos señala, entre otros, que las preguntas del pliego interpelatorio a Vizcarra estaban respondidas siete días antes en la computadora de la contratista de Chinchero Kuntur Wasi.

La fiscal Janny Sánchez Porturas, encargada del caso Swing, también envió sus elementos de convicción sobre Vizcarra al despacho de Ávalos, como lo indica la ley. Las tres autoridades señalan que el gobernante tuvo acciones delictivas. Pero este reitera que el escandaloso tema de Swing no existe y que se trata de una conspiración de los congresistas Manuel Merino (presidente del Congreso) y Édgar Alarcón.

Pese a los cuestionamientos que pesan sobre Vizcarra, a los que se suman las 11 investigaciones fiscales en Moquegua, el mandatario insiste en culpar a otros. Los galimatías lanzados en una entrevista televisiva confirman que no está a la altura del cargo que ocupa. Dijo: “No encuentran explicación, que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que, entonces, seguramente si esto no encuentro por si pues, no corresponde, debe haber algo que no se dice”. Las redes se ocuparon del dislate.

En dos años y medio de gobierno destruyó al país y de qué manera. Pulverizó a la Fiscalía e injirió en el Poder Judicial. Impuso un referéndum y ahora tenemos normas electorales confusas e impracticables. Encarceló a Keiko Fujimori. Copó el Tribunal Constitucional y cerró el Congreso dando un golpe de Estado.

Gracias al mal manejo de la pandemia, la economía peruana está destruida, la más afectada en América Latina. No hay trabajo, se ha ‘fumado’ el fondo de estabilización fiscal y la pobreza se incrementa indeteniblemente.

Vizcarra ha pedido declarar ante la fiscal de la Nación, su “amiguis” según Karem Roca, exsecretaria del mandatario. Para él es un gesto, para el país una pachotada. Las elecciones serán sumamente turbias. Con este currículo no serán confiables. ¿Qué hay tras el caso Swing?