La crisis en la que se ha sumido al Perú por voluntad y acción de la izquierda cómplice del lagarto Vizcarra tiene múltiples y aterradoras dimensiones.

El escándalo de los privilegios ilegales y antiéticos en la disposición de vacunas de investigación no solamente ha evidenciado la ruindad criminal de Vizcarra y su argolla ilegalmente beneficiada, sino que también ha dejado cuestionamientos a contratos de aprovisionamiento que no aseguran un plan de vacunación nacional a corto plazo.

Los términos contractuales siguen, increíblemente, mantenidos en secreto sin que haya justificación alguna porque hasta las compras militares se hacen con transparencia; y las proyecciones son dudosas, puesto que al ritmo actual para vacunar a solo 20 millones de adultos se requeriría unos cuatro años. Además se continúa mintiendo porque será imposible que todos los miembros de mesas electorales sean vacunados hasta fines de marzo.

Entre tanto cerca de 800 peruanos mueren cada día por falta de oxígeno y camas UCI; el acumulado de muertos sobrepasa los 124 mil; y la población languidece en la miseria encerrada en una pésima cuarentena que quita libertad e impide trabajar.

Vinculada a la médica, la segunda crisis es política: el gobierno morado, burda continuación del vizcarrato, ha optado por la estupidez explicativa (Sagasti ha avergonzado a la nación ante CNN) y persiste en bloquear los esfuerzos del sector privado para contratar directamente la vacuna. Cosa que sí es posible, por ejemplo con el producto ruso Sputnik V, lo cual refleja cómo se impone la ideología por encima de la urgencia del pueblo.

El tercer nivel de crisis es el fiscal: hasta la fecha únicamente se conoce la identidad de un puñado de delincuentes que aprovecharon las vacunas de Sinopharm; pero no hay detenidos preliminares y personajes claves como la exministra Mazzetti y el médico Germán Málaga corren el riesgo de fugarse a vista y paciencia de las autoridades.

Claramente se trama la impunidad también de quienes han destruido el buen nombre de la Cancillería, han afectado gravemente los proyectos científicos de las universidades Cayetano y San Marcos y han puesto al Perú en ridículo mundial.

El aspecto moral de la crisis es tan grave que supera episodios terribles de nuestra historia, desde los contratos Grace (1888) y con la IPC (1968), hasta el acuerdo secreto con Odebrecht hace dos años. Pero esto no puede prolongarse más, debemos entrar en un proceso urgente de sanación en el cual todos los responsables de la debacle sean juzgados criminalmente.