El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene un presupuesto aprobado para 2021 de casi 700 millones de soles, más del doble que el de su homólogo en Chile. Sin embargo, su desempeño es, por decir lo menos, mediocre. Uno de sus 7 organismos adscritos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que tiene más de 1,500 empleados, supervisa, entre otras, las actividades de procesamiento pesquero, investiga las posibles infracciones e impone sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones ambientales. Es implacable y muchas veces impertinente cuando se trata de establecimientos legales a los que llega a acosar requiriéndoles información y evidencias de un cuidado ambiental propio del primer mundo. Sin embargo, cuando se trata de plantas ilegales que desatienden todas sus deberes tributarios, administrativos, laborales, municipales, pesqueros, sanitarios y desde luego para proteger el medio ambiente, actúa de una manera sobrecogedoramente complaciente.

En los principales puertos del litoral, se vienen multiplicando lucrativos negocios ilegales que consisten en derivar recursos pesqueros para elaborar harina ilegal, que implican aspectos negativos de impacto ambiental (aire, suelo) y afectación a la salud de los pobladores, sin que nadie haya cortado esta cadena delictiva. Ante tal pasividad, ciudadanos indignados han denunciado esta situación esperando que el OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, formule mecanismos que combatan dicho mal o permitan a sus Entidades de Fiscalización Ambiental – EFA (Gobiernos Regionales), asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en materia pesquera.

A pesar de estar ante delitos de semejante magnitud, conocer exactamente la ubicación de estas factorías y ser conscientes de su gravedad, el OEFA contesta con evasivas o da respuestas dilatorias, como que ha “programado una supervisión ambiental para el primer trimestre del 2021, con la finalidad de —entre otros— identificar los establecimientos industriales denunciados, las áreas impactadas, los posibles daños ambientales y el acceso a la zona”. Ganan los ilegales ante un Estado que vuelve a perder por walk over.

Por ello resulta casi una broma de mal gusto que se observe un costoso despliegue publicitario del MINAM (quisiera ver las consultorías que se pagan en ese pliego), donde se anuncia su propuesta para la Reserva Nacional Dorsal de Nasca que estaría ubicada a más de 100 Kilómetros de la costa, con una extensión superior a la de Tumbes, Lima, Callao e Ica juntos; con profundidades de hasta 4,000 metros y que estaría a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organismo también adscrito al incompetente MINAM. Un Estado que no es capaz de desterrar plantas de unas pocas hectáreas y 100% ilegales que pululan en sus narices, debe enmendar su rumbo antes de proyectar extensas Reservas Nacionales, que no podrá administrar ni controlar, que serían un nuevo foco de desorden y corrupción. Cuando comiencen a atender lo prioritario, podremos pensar en lo demás.