De un tiempo a esta parte se ha vuelto “moneda corriente” que ni bien se conoce el nombre de una persona en un alto cargo de la Administración Pública, incluyendo ministros y embajadores políticos, ¡Zas! Afloren los cuestionamientos a su trayectoria profesional (si es que la tuviera) o en su caso, graves imputaciones a su vida pública o familiar; sí pues, ahora estos affaires son lo “menudo”, lo “frecuente”, cuando en antaño era lo excepcional, lo inusual, que por ahí se convocara a un funcionario con algún anticucho que desmereciera la prestancia del cargo y que conocido su historial, una de dos, o la autoridad competente dejaba sin efecto la controvertida designación o el propio protagonista renunciaba al cargo “irrevocablemente” para no alargar la agonía del tema o complicar a la gestión de turno, pero de que se enmendaba el error, se enmendaba.

Y a todo esto, ¿qué fue de los llamados a ejercer el control político ante tales desaguisados, el Poder Legislativo? Y es que desde el Congreso se desgañitan cuestionando al Ejecutivo por las controvertidas contrataciones o nombramientos de altos funcionarios, le exigen a viva voz y por las redes sociales sus remociones, hacen la “finta” que se les interpelará y de ser el caso censurará, condicionan el voto de investidura, tratándose de un nuevo Gabinete Ministerial, en resumen “se miden”, con el Gobierno pero de ahí no pasan y se olvidan que el desgaste de la imagen ante los ojos de la ciudadanía también les salpica a ellos, porque el pueblo no discrimina, para ellos los únicos privilegiados con puestos de trabajo altamente remunerados son siempre los de “la clase política”.

El Congreso tiene la solución inmediata para acabar con el copamiento de los cargos de confianza en el Ejecutivo (de paso se incluyen, con lo cual se anotaría unos puntos en la aceptación popular), SI QUISIERAN, si en verdad les importara poner candados a una situación que erosiona, debilita, una correcta administración, establecer requisitos mínimos de idoneidad (capacidad, instrucción y experiencia) y hoja de vida intachable, a quienes aspiran a cargos públicos, máxime aquellos que administraran el presupuesto nacional, el dinero de todos los peruanos. ¿Cómo hacerlo antes que culmine la primera legislatura del año? ¡Fácil!, basta con debatir y aprobar las iniciativas legislativas presentadas con tal propósito por la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, dos de las entidades de mayor aprobación y respeto.

Los titulares de ambos organismos a fines de septiembre ya sustentaron ante el Parlamento sobre la necesidad y urgencia de aprobar estas normas. Ya queda de ustedes señores congresistas su aprobación, la mesa está servida, los proyectos de ley están ahí, pónganle de una vez por todas el cascabel al gato y evitemos impresentables en cargos de decisión.

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