No debemos guardar silencio, porque ha sido ilegal y humillante el atropello cometido por el Gobierno contra la Policía Nacional, violando la ley y afectando no sólo a esa institución sino al Estado de derecho constitucional y democrático.

Su impacto, sin duda, representa un duro golpe a la moral del cuerpo policial y, más ampliamente, a la población, porque menoscaba el trabajo del sector responsable de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Ocurre, además, en circunstancias que enfrentamos una delincuencia en expansión. Sólo este año (hasta el mes de septiembre) la Policía capturó 235 mil personas por delitos diversos, desarticulando 5,100 bandas, 54 organizaciones criminales y requisando 4,600 armas de fuego.

Protegiendo a la población de la pandemia, asimismo, perdieron la vida 513 efectivos y 564 de sus familiares, al igual que 605 policías retirados, a la vez que 34,000 resultaron contagiados. Uno de los afectados fue el propio comandante general de la PNP, Orlando Velasco, quien contrajo covid-19 en visitas de inspección a comisarías y centros de salud, quedando hospitalizado setenta días, de los cuales cuarenta estuvo intubado por insuficiencia respiratoria, debatiéndose entre la vida y la muerte; al día siguiente de incorporarse al servicio fue destituido por el presidente Sagasti y su ministro del Interior.

Ahí inician el camino hacia la ilegalidad. Nadie discute la potestad presidencial de remover, con causa o sin causa, al jefe la Policía, pero debe reemplazarlo por uno de los tres oficiales más antiguos en la línea de mando, de acuerdo al Decreto Legislativo 1267 del 16 de diciembre del 2010, y a su Reglamento del 13 de mayo del 2019. Esa norma tiene un contenido similar a la que rige a las Fuerzas Armadas, a través de los Decretos Legislativos 1137, 1138 y 1139 del 9 de diciembre del 2012, que precisa que los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea son designados por el jefe del Estado entre los tres oficiales de mayor antigüedad.

En la Policía, sin embargo, se violó flagrantemente la ley, cambiando al general Velasco, por quien se encontraba en el puesto número quince del escalafón.

Grave también ha sido decir que esa decisión fue respuesta a los actos de corrupción en la compra de equipos de protección contra la pandemia. Lo que faltó agregar es que los cuatro generales y otros efectivos implicados en adquisiciones irregulares fueron separados del servicio y denunciados ante el Ministerio Público por el propio comando de la PNP. En este contexto, preguntamos, ¿se ha destituido y procesado a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, de gobiernos regionales y municipios involucrados en infames negociados? Si ha sido así, el país demanda conocer los nombres de quienes han lucrado con la salud de la población.

Es una lástima, por último, que así como al Gobierno –y a todos los peruanos– nos acongoja la muerte de dos jóvenes, las autoridades no digan una palabra de reconocimiento a docenas de efectivos agredidos con piedras, palos, pintura, bengalas y carros de fuego, por impedir que turbas ingresen al edificio del Congreso o a zonas restringidas.