La Constitución es un instrumento del Derecho que sirve esencialmente para limitar el poder, garantizando una esfera de protección a las libertades y derechos de las personas. La definición de Pereira-Menaut nos puede conducir a pensar, acertadamente, que las sociedades no se organizan realmente según las pautas del texto constitucional; si fuese así, le bastaría a Haití copiar la Carta Magna alemana para solucionar sus problemas. Lo que resulta obvio para el ciudadano de a pie es trigonometría para gran parte de la izquierda latinoamericana que, después de dos siglos con más de catorce constituciones, sigue afirmando que una nueva lograría resolver los problemas políticos, económicos y sociales del país. Como Leguía y su Patria Nueva, los radicales aprovechan el desorden que ellos provocaron para ofrecer refundar la República seduciendo a los crédulos.

La actual Constitución no es el texto aprobado por el Congreso Constituyente Democrático de Torres y Torres Lara, pues cada artículo ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional durante casi veinte años. No obstante, es cierto que se necesita una reforma parcial, en especial para regular mejor las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; para algunos, resulta necesario podar esos rasgos parlamentaristas importados de Europa, delineando una forma de gobierno más cercana al presidencialismo norteamericano; aunque para otros, entre los que me encuentro, sería más útil aumentar la eficiencia del control parlamentario para obligar al ‘mal menor’ de la segunda vuelta, a buscar consensos y acuerdos programáticos con quienes representan a las principales corrientes de opinión.

Si a pesar de las evidencias, pensáramos que un nuevo texto constitucional pudiera solucionar nuestros problemas, el sentido común nos podría advertir que no se puede emprender el propósito sin una verdadera clase política, con tantos aventureros y caciques corruptos metidos en la gestión pública, pues el resultado sería desastroso. Los más radicales pretenden sustituir a los constituyentes con asambleas en las calles, a la manera de la Comuna de París de 1871, en clara demostración de que la finalidad no es aprobar una Constitución más eficiente, sino un estatuto revolucionario que elimine el modelo de economía social de mercado que otorga estabilidad al restringir la actividad empresarial del Estado, así como obligar al equilibrio presupuestal y a la autonomía del BCR, además de garantizar la inversión e iniciativa particular; más competitividad económica y menos pobreza. Hoy no hay medias tintas, quienes crucen la línea que impone la razón difundiendo la aplicación de la franquicia bolivariana, deberán asumir su responsabilidad ante la historia.