Según nuestra norma constitucional vigente, en su disposición 206, se señala que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum” o, en su defecto, sólo por el Congreso, siempre que la aprobación sea en dos legislaturas ordinarias consecutivas, y que en ambas se haya obtenido una votación “superior a los dos tercios del número legal de los congresistas”; es decir, en esta última alternativa, con no menos de 88 votos a favor.
Es pertinente tener presente esta regulación para la modificación constitucional, por cuanto en estos últimos días se viene comentando, por parte de un sector de los actuales congresistas que, con la finalidad de aprobar la reforma de la Constitución para retornar al sistema bicameral, se prevea la necesidad de convocar a una nueva legislatura ordinaria, dentro del escaso tiempo que le resta a la actual representación parlamentaria.

En ese sentido, también es necesario considerar lo previsto en el artículo 49 del Reglamento del Congreso, el cual tiene fuerza de ley, que “Dentro del período anual de sesiones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas…”, la primera, del 27 de julio al 15 de diciembre, y la segunda al año siguiente, del 01 de marzo al 15 de junio.
En consecuencia, para conseguir lo que se pretende, el Congreso tiene la posibilidad de modificar su Reglamento y, de esa forma, allanar el camino para hacer reaparecer al Senado dentro de la estructura de nuestro Parlamento. Es decir, el procedimiento sería efectivamente legal.
Pero, a pesar de la legalidad de la actuación congresal, en las actuales circunstancias, una decisión en ese sentido carece de legitimidad; pues, ya se escuchan voces que se preguntan: ¿cuál es el apuro? o, ¿cuál es la intención “escondida” de los actuales congresistas?

Si se toma en cuenta la experiencia que se ha comprobado en estas últimas elecciones parlamentarias, en las que los actuales congresistas no podían presentarse a la reelección inmediata, algunos de ellos terminaron postulando al Parlamento Andino y, de esa forma, “esquivaron” la prohibición; entonces, tienen razón los que así especulan.

Al aprobarse la reforma de la Carta Política, y restablecerse el Senado, cuando se convoque a la elección de sus miembros, los congresistas que terminan su mandato este 28 de julio, igualmente, tendrían la posibilidad de postularse a esta nueva Cámara. Por lo tanto, un nuevo “esquive” a la limitación reeleccionista.

Este es el escenario que hoy se tiene, con relación a la búsqueda de una nueva estructuración de nuestro Congreso. Y, al respecto debo hacer presente, con cargo a fundamentarlo en posterior oportunidad que, en mi opinión, el sistema bicameral es el más adecuado para nuestra realidad e, igualmente, considero que la reelección de los congresistas debería ser, como antes, procedente. Pero, este no es el momento ni la forma cómo se debe actuar.

Los actuales legisladores deben tomar en cuenta las percepción que, cierta o no, tiene hoy la población del actual Congreso y del inmediatamente anterior; la cual, por cierto, no es favorable. Por lo tanto, mejor dejar que esta sea la decisión de un Congreso más legitimado que, luego de transcurrir un tiempo razonable en funciones, permita recuperar la confianza de la ciudadanía y, de esa forma, la propia opinión pública se convenza de la necesidad de una nueva cámara revisora para nuestro Parlamento.

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