Nuevamente en debate Gasoducto Sur Peruano, adjudicado en 2014 y paralizado en 2017

Nuevamente en debate Gasoducto Sur Peruano, adjudicado en 2014 y paralizado en 2017

Ni bien ingresado como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, puso en debate el tema del Gasoducto Sur Peruano, actualmente denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas – Zona Sur del Perú (SIT-Gas) advirtiendo que lo “analizará a fondo porque este proyecto es muy complejo”. Sr. ministro, por supuesto que se trata de un problema complejo, pero que Ud. debe resolver mediante una serie de procesos cognitivos y empleando sus conocimientos y habilidades.

Este proyecto SIT-Gas, tiene una historia muy oscura y corrupta. En 2008 el gobierno y la empresa Kuntur firmaron un contrato por US$ 1,334 millones, pero en abril 2011 Odebrecht compró las acciones de Kuntur y en 2012 caducó dicho contrato. Increíblemente, en 2014, el gobierno de Humala lo adjudicó al consorcio Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por US$ 7,328 millones (en 2018, la Contraloría, usando información de la consultora Wood Mackenzie, informó que el costo total de la obra era de US$ 3,800 millones), dicha adjudicación de Humala contemplaba la construcción y mantenimiento del gasoducto de 1,134 kilómetros, durante 34 años, para el desarrollo de Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac y Tacna. En 2015 la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción investigaron irregularidades y anomalías en la mencionada concesión para favorecer a Odebrecht, luego vino el caso Lava Jato, y el 24 enero 2017 por incumplimiento del cierre financiero de esta empresa, el gobierno rescindió el contrato, y, para colmo, Odebrecht, en 2019, solicitó arbitraje ante CIADI para recuperar US$ 2,000 millones, que afirma, gastó entre 2014-2016.

Es inaudito que el proyecto esté paralizado 7 años y con una inmensa cantidad de tubos (para cubrir 1,134 kilómetros de distancia) cancelados por el Perú por un monto estimado, según expertos, de US$ 1,200 millones, están a la intemperie en una zona selvática, además, se paga US$ 47 millones anuales a la empresa colombiana Estudios Técnicos por su cuidado, entre 2017-2024 son US$ 329 millones, sumados al costo de los tubos serían US$ 1,529 millones, pagados por todos los peruanos.

Bajo este panorama, al gobierno le corresponde decidir sobre la continuidad del proyecto. Una comisión multisectorial creada para tal fin, en octubre de 2021, manejaron las siguientes alternativas: obra pública, asociación público privada financiada o cofinanciada, y gobierno a gobierno. Sin embargo, la duda e incertidumbre que demuestra el nuevo ministro Rómulo Mucho, puede influir retrasando la continuación de esta obra de infraestructura clave y crucial para las regiones del sur, para proporcionar energía a industrias, minas, comercios y transporte de manera más eficiente, abaratando costos de producción eléctrica que permitirá mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo económico y creación de empleos en la zona sur de nuestro país.

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