Las objeciones que se han hecho a la iniciativa de vacar a Pedro Castillo son inconsistentes y no responden al problema más importante: la manifiesta intención de los comunistas en el poder de acabar con la democracia e instaurar una dictadura chavista.

Un pretexto muy socorrido por quienes se oponen a la vacancia es que no se le ha probado ningún acto de corrupción. Eso es absurdo. Primero, porque es imposible probarle judicialmente a un presidente en ejercicio algún delito porque es inimputable, es decir, no puede ser procesado por el sistema judicial.

Segundo, la fiscalía ha señalado claramente que la corrupción de la que se acusa a Perú Libre estaba destinada a financiar la campaña electoral de Pedro Castillo. Es decir, hay mucho más de lo que había cuando se vacó a PPK, por ejemplo.

Además, el hecho de haber nombrado numerosos funcionarios públicos del más alto nivel sobre los que pesan acusaciones o fundadas sospechas de diversos delitos, superan largamente los motivos que hubo para vacancias anteriores.

Pero ese no es el punto, reitero. La corrupción del gobierno -a pesar que ya se están comprobando algunas denuncias que involucran a altos funcionarios-, no es el motivo fundamental, en mi opinión, aunque para muchos sea lo más importante.

Otro subterfugio que algunos pretenden esgrimir es el de supuesta gobernabilidad que encarnaría este gobierno, que sería peligroso arriesgar. Esa es una necedad. Con una gavilla de comunistas ineptos en el poder, lo que tenemos es un completo desgobierno, desde los repetidos y obligados cambios de ministros y altos funcionarios debido a su incapacidad y antecedentes delictivos, hasta su descarado incentivo a la violencia de las turbas, pasando por los ilícitos ataques a la actividad productiva, como el intento de la PCM antiminera Mirtha Vásquez que pretende cerrar 4 minas ilegalmente.

En realidad, los motivos más importantes para la vacancia, además de los mencionados, son otros. Su evidente y público respaldo a la principal amenaza a la seguridad del país, el narcotráfico, concretado en el nombramiento de funcionarios que lo respaldan y el abandono de políticas de Estado como la erradicación de la coca ilegal, es una razón sustantiva para echar a esa banda del gobierno.

Pero lo más importante, en mi opinión, es el declarado intento de acabar con democracia e imponer una dictadura chavista, meta a la que se están dirigiendo rápidamente, como se constata con los cambios recientes realizados en las FFAA y la PNP.

Por si fuera poco, ellos no ocultan sus propósitos antidemocráticos. Todos los días reiteran su intención de instalar una asamblea constituyente, recogen firmas para ello, insisten en que van a cerrar el Congreso (¡hasta el defenestrado Bruno Pacheco hacía campaña en horas de trabajo!), como acaba de reiterar la oficialista Kelly Portalatino. Es decir, no dejan duda sobre sus ambiciones dictatoriales.

En suma, echar ahora a los comunistas del gobierno es cuestión de vida o muerte para la democracia y el país.

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