Los peruanos jamás olvidaremos el indignante escándalo de sobornos por US$ 29 millones en nuestro país entre 2005 y 2014 por la empresa brasilera Odebrecht a presidentes, ministros, empresarios y altos funcionarios de todo el espectro político para obtener licitaciones de enormes obras públicas, estos ignominiosos actos engloban delitos de cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita, tráfico de influencias, que hasta la fecha se continúan investigando.

Pero lamentablemente poco nos sirvió esta hecatombe corrupta para tomar conciencia del daño político, económico, legal, empresarial y moral que ocasionó. En 2016, antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara la corrupción que involucraba el Perú con Odebrecht, la Defensoría del Pueblo denunciaba que el costo de la corrupción en Perú significaba el 10% del presupuesto público aprobado (S/ 140,000 millones) estimándose la pérdida para el país de S/ 14,000 millones. Esta denuncia de corrupción en obras públicas es corroborada con el informe de gestión que el Contralor General, Nelson Shack, expuso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este 19 de agosto según el cual el costo de la corrupción en el país en 2019 fue de S/ 23,297 millones (S/ 13,670 a instancias del Gobierno Nacional y S/ 9,627 de Gobiernos Regionales y Locales) dichos montos de corrupción fueron determinados antes de la pandemia, sin embargo, según el Contralor, existe evidencia empírica que en situaciones de emergencia la corrupción es mucho más grande.

La obra pública es motor del desarrollo y su inversión es crucial es esta etapa de pandemia para reactivar la económica, mejorar la capacidad productiva, generar empleo y mayores salarios, según la ministra de Economía la inversión proyectada para este año es de US$ 30,000 millones para ejecución de obras en proyectos mineros, portuarios, de hidrocarburos e infraestructura, sin embargo, es imprescindible transparentar controlar y fiscalizar todas las obras en cada una de sus etapas, planeamiento, contratación, adjudicación y ejecución.

Bajo este panorama, para eliminar la corrupción en la obra pública se requiere de voluntad política seria, transparencia e integridad y enrumbar hacia una nueva gestión pública que incluya verdaderos expertos en ingeniería, planificación, programación, técnica financiera, etc., también implementar un observatorio de la obra pública para fiscalizar la inversión pública y las licitaciones, el seguimiento de fondos en tiempo real y la agilización en denuncias por irregularidades, además, apoyar a la Contraloría en recursos logísticos y humanos (auditores y técnicos) para la ejecución de megaoperativos de control recurrentes.