El Ministerio de Justicia ha sido hasta hoy el bastión de la empresa corrupta Odebrecht en todos los gobiernos, tenemos ministros de Justicia que destituyeron a los procuradores encargados de participar en investigaciones y/o procesos contra estas empresas, también fue la cuna de una serie de leyes y reglamentos con nombre propio, que no solo generaron impunidad para Odebrecht, sino también ganancias ilegales. Considerando todo esto me manifesté en contra y me enfrenté porque conocía los actos de corrupción desde dentro. En Áncash como fiscal y procuradora siempre tuve la seguridad de que esta empresa corrupta estaba siendo protegida desde el más alto nivel, ya que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial los casos y procesos dormían el sueño de los justos. Un ejemplo, la obra cuestionada por corrupción “Chacas San Luis”, el proceso fue sobreseído y las investigaciones archivadas muy fácilmente, en pocas palabras campeaba la impunidad. Cuando Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia dio a conocer la acusación contra Marcelo Odebrecht por corrupción, se supo recién cómo operaba esa asociación criminal en Latinoamérica y en nuestro país.

Es así que se crearon los equipos ad hoc Lava Jato en el Ministerio Público y en la Procuraduría Anticorrupción, los que decidieron ceder muy fácilmente a la estrategia legal internacional, la institución procesal elegida fue la colaboración eficaz, todo con tal de no ir ni un minuto a la cárcel, obtener inmunidad para todas sus razones sociales, no pagar la reparación civil, seguir operando en todos los países, que los diferentes Estados le devuelvan lo retenido respecto a la venta de sus activos, abrirles el camino para demandar al Estado, exonerarlos del pago de impuestos millonarios y más. Creo que ha llegado el momento de preguntarnos si todos los beneficios obtenidos en el Perú fueron rechazados en otros países, ¿es proporcional a la cantidad y calidad de información? Se dice que Marcelo Odebrecht y los funcionarios colaboradores dijeron la verdad, pero, ¿dijeron toda la verdad? La respuesta es simple, NO. Solo reconoció culpabilidad en 4 proyectos, en el Gasoducto fue desenmascarada, pero todas las empresas del grupo económico fueron exoneradas de toda responsabilidad penal y económica. La reparación civil no cubre el daño causado, nos demandaron ante el CIADI, no pagaron impuestos y si tratamos de ser justos, solo debieron recibir beneficios por las obras en las que reconocieron culpabilidad.

En Perú lograron todas sus exigencias y lo denunciamos, si su intención era seguir operando, la información sería sesgada y manipulada. Así quedó demostrado en la demanda interpuesta contra Marcelo Odebrecht, nada más y nada menos que por su padre, en esa demanda se ha revelado que Marcelo Odebrecht cobró dinero de la empresa y otros colaboradores eficaces hicieron lo mismo, él escogía sobre qué debían declarar, y cuando la empresa no cumplía con los pagos los extorsionaba, este grave hecho pone en tela de juicio la validez legal de la colaboración eficaz, donde la declaración debe ser libre e independiente de una ventaja económica, ¿quién investigará este hecho en Perú? ¿Cuándo se podrá conocer si estas amenazas y exigencias neutralizaron a las autoridades en nuestro país? Y lo peor, ¿qué se puede cambiar? Por lo menos en Ecuador, el Estado rechazó los privilegios que exigía la corrupta Odebrecht.