La corrupción de Odebrecht en el Perú no es un caso aislado. Una revisión rápida de nuestra historia corrobora que la corrupción ha sido una constante en el Perú, incluso antes de convertirnos en República.

Existen registros de denuncias de corrupción desde la colonia. El virreinato se caracterizó por el nepotismo, y por conceder rentas, cargos y honores por sobornos.

Aprovechando el quinto real (tributo equivalente al 20% de la extracción de metales preciosos) y también el tributo indígena (que era una contribución obligatoria que los peruanos originarios debían pagar, en moneda o bienes, al gobierno colonial) se normalizó el robarle a la corona española.

Recaudar los impuestos suponía movilizar a un grupo humano encabezado por españoles, responsables de enviar los ingresos a España, muchos de los cuales se quedaban con parte de lo recaudado, y de criollos y mestizos, quienes se encargaban de recolectar los tributos, y que empezaron hacer lo mismo, generando una estructura de corrupción a todo nivel; sin considerar a la población originaria que, al inicio de la república, llegaba al 90%.

Al iniciarse el Estado republicano, la corrupción se mantuvo. El tesoro público fue administrado y distribuido como un patrimonio personal, y quienes eran cercanos a quien detentaba el poder, eran beneficiados de distintas formas, en perjuicio del Estado
Años después, se dio el primer caso de megacorrupción en el Perú, que concierne a la explotación del guano mediante el contrato con la Casa Dreyfus francesa (1869).

También podemos citar la corrupción en la fiebre ferrocarrilera durante el gobierno de José Balta (1868-1872). La fuga del presidente Prado, con dinero recaudado para la Guerra del Pacífico (1879), quien luego fue reelegido. El caso emblemático de corrupción durante el oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) con las redes de ferrocarrileras inconclusas. O la famosa página 11 del contrato con la International Petroleum Company (1968).

Más recientemente, finalizando el siglo XX, tenemos el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (1990-2001), quienes controlaron los tres poderes del Estado. Tal vez el caso más contradictorio es la venta de 60% de acciones de la refinería La Pampilla (Lima) por 140 millones de dólares. Años después (2012-2023) el Estado viene invirtiendo 5 mil millones de dólares en la Refinería de Talara a 1,000 km de Lima, donde está el 70% de la demanda de combustible.

Con el retorno a la democracia (2001), todos los presidentes elegidos han sido implicados en procesos de corrupción al más alto nivel, Toledo, Humala, Kuczynski y Vizcarra, vinculados a la corrupción de Odebretch; y Castillo con innumerables hechos burdos de corrupción.

Con los antecedentes de los últimos 500 años en Perú, no es de extrañar que Odebretch haya logrado un trato judicial lesivo para el Perú, que implica un pago de tan solo 200 millones de dólares como reparación civil, y en módicas cuotas, al someterse a la colaboración eficaz, cuando por su parte la empresa ganó licitaciones por la suma de más de 12,500 millones de dólares gracias a las adendas a sus contratos con el Perú.

Odebretch aceptó haber sobornado a presidentes, ministros de Estado, alcaldes, y una interminable cantidad de funcionarios públicos y periodistas en distintos países del mundo. EE. UU., por su parte, le impuso una sanción de 2,500 millones de dólares, y un pequeño país, República Dominicana, lo ha multado con 1,200 millones de dólares.

El Perú siempre ha sido percibido como un botín político que conquistar y aprovechar. Los ejemplos de corrupción suelen estar relacionados con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones, la defraudación de los fondos públicos y mantener en las planillas a trabajadores fallecidos.

El Covid-19 mostró la fragilidad del Estado Peruano: habíamos crecido económicamente durante 20 años, pero sin desarrollo, sin salud ni educación. La corrupción y la gestión deficiente de Martín Vizcarra permitieron la compra de pruebas rápidas inservibles, la demora en la adquisición de vacunas, y que el oxígeno y los medicamentos alcanzaran precios exorbitantes mientras morían peruanos en las calles; lo que nos convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo.

Hemos generado una cultura tolerante a la corrupción, asociada a la impunidad y a la falta de ética social. Luchar contra las redes de corrupción, requiere de normas actualizadas en los procesos de ejecución del gasto público, utilizando técnicas digitales que permitan realizar evaluaciones transparentes, con un sistema judicial íntegro y eficiente. Y, para el mediano y largo plazo, generar una educación con práctica de valores en todos los niveles.

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