Sorprendente el despliegue de “abogados” y personajes que han desfilado por los medios gobiernistas para dar el mismo mensaje sobre un supuesto complot para derribar la democracia con una infundada vacancia presidencial, que pone en riesgo al país y que importa delito de sedición del presidente del Congreso y del presidente de la Comisión de Fiscalización.

Alucinante argumentación que nos recuerda a los “juristas” y políticos que salían a sustentar “legicidios” en los 90, para encubrir la corrupción de Fujimori.

La izquierda cree que si Vizcarra sale se caerá el modelo marxista y el 2021 no podrán asegurar su continuidad, porque no se podrá hacer el fraude implementado por las empresas de Soros con el voto electrónico, por lo que el apoyo irracional a la corrupción del Presidente por las izquierdas gobiernistas y los partidos negociados es concertación delictiva.

Se han difundido audios que revelan la sordidez de la vida del Presidente, que no es privada cuando la ha llevado a Palacio de Gobierno, ha involucrado funcionarios públicos y al Presupuesto Público, y aunque cínicamente lo nieguen, demuestra la condición moral del Presidente; pero han pretendido ocultar los audios testimoniales de la secretaria que revelan, lo que todos suponíamos, pero no teníamos la prueba, que Martín Vizcarra dirige una organización criminal desde Palacio en concertación con Domingo Pérez, en antigua relación de impunidad moqueguana, y fiscales supremos que persiguen opositores políticos y los encarcelan, y favorecen a Odebrecht y al Club de la Construcción; que ha logrado sacar arbitrariamente a los fiscales Chávarry y Gálvez, que pretendían investigar la conducta ilícita de los fiscales Vela y Pérez; y le ha montado 16 investigaciones penales falsas al ex contralor Édgar Alarcón en venganza por desmantelarles la corrupción de Chinchero.

Una organización delictiva, coautora y encubridora de los delitos del Presidente, de su sometimiento a una organización criminal internacional en contra de los intereses de la nación, que es delito de traición a la Patria, art. 325 del C.P., por lo que ha quebrado al país siguiendo sus instrucciones; de su delito de genocidio, art. 319 del C.P., por haber impuesto protocolos genocidas ocasionando miles de muertes; de su corrupción en Chinchero, en 47 casos en Moquegua, y del cobro de cupos ministeriales a través de un cajero personal.

El Perú espera que prevalezca la razón moral en el TC y rechace por improcedentes sus artilugios inconstitucionales.