Hasta los años sesenta, el Congreso transpiraba una majestad acorde con su función representativa del ciudadano. Lo integraban parlamentarios de fuste, importante nivel académico, valores personales y morales, dotados de un enorme talante polemista. Aquello elevaba las criterios del debate, lo cual aseguraba mayor calidad a las leyes que sancionaban.

Gente que venía de distintas capas sociales del país, pero mantenía una misma cualidad: sacrificarse prepararándose para enfrentar su vida rodeándose de sabiduría aparte de experiencia tanto académica como laboral y política.

Dotes que luego perdería la nación, tras el golpe militar socialista de Velasco que truncó la vida del poder Legislativo. Como también lo hiciese con el resto de poderes del Estado, la Administración Pública y, sin duda alguna, con toda la sociedad. La culpable fue esa izquierda que consolidó el gobierno en calidad de aliada del militarismo procubano que emanaban Velasco y su grupito de resentidos sociales. Aquello generó como norma de vida un exacerbado y errado prurito de igualdad entre la ciudadanía, presumiblemente “para darle oportunidad a la gente menos favorecida”.

¡Aunque de la misma manera, a la menos preparada! En la mayoría de los casos, esto útimo no respondía a falta de recursos, sino a una amalgama entre dejadez personal y facilismo, combinados con escasez de materia gris agravada por una baja formación personal desde sus hogares.

Primó el compadrazgo, la altanería, el revanchismo y el odio de clases, como factor determinante para que millones de peruanos se creyeran capacitados para ejercer el cargo que se les ocurriese. Cualquier títere con cabeza se sentía –y aún se siente- apto para ejercer responsabilidades sustanciales en la arena púbica. Como ocupar la presidencia del país o el cargo de legislador, ministro, director, etc., de una repartición del, desde entonces, inservible Estado peruano. Precisamente de donde salen las normas y los decretos que regulan la salud, el trabajo, patrimonio, etc. de 32 millones de peruanos.

Hoy, para desempeñar estas funciones en el Estado ya no hace falta completar tanto la educación primaria, secundaria como universitaria. Menos todavía especializarse en maestrías y/o doctorados. Ahora cualquier títere con cabeza puede ejercer la jefatura del Estado, ocupar una curul parlamentaria o instalarse en algún despacho ministerial, desde donde cada cual con su limitadísimo -sino inexistente- criterio, promulgará leyes y/o decretos que afectan la calidad de vida de nuestra población.

Nuestro Estado funciona en las antípodas de lo que son los hogares y/o las empresas privadas, administradas fundamentalmente por familias emprendedoras. En el ámbito privado prima como circunstancia generalizada la CAPACIDAD personal para liderar a quienes forman parte de cada núcleo, sea familiar y/o empresarial. En cambio en el Estado, esta condición no existe. Ello constituye el punto de partida del terrible drama nacional en que ahora nos encontramos.

Obviamente esa realidad se ha agravado con la llegada al poder de un tropel de gente sin la menor cultura para gobernar, aunque cargada de un enfermizo revanchismo y odio social que nos lleva al caos, la pérdida de libertad y el fin de la propiedad privada.

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