Pacto de San José de Costa Rica
Pacto de San José de Costa Rica
Para más seña, nos referimos a la Convención Americana de Derechos Humanos y lo hacemos porque, finalmente, la Comisión Permanente del Congreso en segunda votación –la primera la votó el Pleno- ha aprobado el proyecto de ley que crea la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A estas alturas, suponemos que la Autógrafa de Ley ya está en camino –o llegó– al despacho de la Presidencia de la República para su promulgación u observación. Puesto que el asunto traerá bastante debate y cola pública bien vale formular algunos conceptos preliminares.
Al menos, el Parlamento que tenemos tuvo el acierto de descartar las absurdas ideas iniciales tales como darle un plazo al Ejecutivo para que decidiese el retiro del Perú de la Convención o de la competencia de sus órganos la Comisión IDH y la Corte IDH y cosas por el estilo absolutamente inconstitucionales, toda vez que la atribución de denuncia de los Tratados es exclusiva del Poder Ejecutivo. Ahora, estamos ante la formación de una Comisión de Alto Nivel que, insólitamente, por su naturaleza y objeto debió ser iniciativa del Gobierno de turno y no del Legislativo, pero no siendo esto ilegal tampoco sorprende –para variar– la falta de reflejos y decisión gubernamentales en esta materia.
En fin, hasta donde se sabe la finalidad es que la Comisión de marras “articule” esfuerzos, coordine acciones concretas y formule propuestas de reforma de los instrumentos que integran dicho Sistema Supranacional garantizando la independencia e imparcialidad de sus órganos en el ejercicio de la función de protección de los Derechos Humanos. La Comisión citada estaría conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá; el Presidente del Poder Judicial; el Fiscal de la Nación; el Defensor del Pueblo y el Ministro de Justicia y DDHH, y el informe final que apruebe se remitirá a la Presidencia de la República y al Congreso, debiendo el Titular de Torre Tagle en un plazo no mayor de treinta días calendario contados desde el envío del mismo dar cuenta ante el Pleno de la Representación Nacional de las acciones adoptadas por el Estado peruano “en mérito del contenido del informe final, de acuerdo con la política exterior”.
El Ministro de RREE ha adelantado que el Perú seguirá siendo parte del Pacto de San José pero que no se tolerarán más “excesos”. Bien por ello, más lo cierto es que si no se logra en la Asamblea General de la OEA las modificaciones objetivas mínimas en cuanto a la elección y competencia de los Comisionados y Jueces y sobre las debidas garantías procesales, el país continuará bailando con una de las más fea sin importar la defensa que presente y lo decimos con conocimiento de causa. ¡AMÉN! (Continuará)
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