Por Carlos de la Torre Paredes

Los últimos días en la prensa se viene mencionando las supuestas intenciones de la bancada de Acción Popular por volver a presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República, representados por la actual presidenta María del Carmen Alva. Según lo comentado por algunos periodistas en redes sociales, ante esto, Alianza para el Progreso (que tiene la vicepresidencia) habría aclarado de forma interna que pedirán respetar el acuerdo político del 2021 para que este año uno de sus parlamentarios presida la Mesa Directiva.

Se dice que Acción Popular pretendería esta reelección argumentando que la bancada de Perú Libre los apoyaría; lo que quiere decir que, de realizar las alianzas políticas necesarias, no requerirían de los votos de Alianza para el Progreso para volver a ocupar la presidencia, algo que, muy probablemente, lleve a Alianza para el Progreso a aceptar una renegociación del acuerdo.

Este posible quiebre del acuerdo político del 2021 entre Acción Popular y Alianza para el Progreso puede entenderse en el contexto de una probable caída de Castillo, quien parece cada día más arrinconado, lo que da gran poder de negociación al presidente del Congreso, pues podría terminar ocupando el cargo de presidente de la república.

Ante tal situación, y si asumimos que Acción Popular quiere volver a ocupar la presidencia del Congreso, se puede estimar que la bancada se enfrenta a dos opciones: intentar tomar el poder en base a una suspensión, vacancia o renuncia de Castillo, o pactar con él, con miras a las elecciones regionales y municipales próximas; que se encuentran en controversia por la aprobación de la ley 31481, que modifica el cronograma electoral 2022.

El primer escenario replicaría, en parte, las circunstancias vividas en el 2020, cuando Acción Popular tomó el gobierno luego de la caída de Vizcarra. En aquel entonces, la presión mediática y de un sector político, al que la actual oposición llama “caviares”, logró su cometido y desestabilizó al gobierno lo suficiente como para lograr la renuncia de Merino y la elección de Sagasti como presidente del Congreso y, en consecuencia, de la república.

Si este escenario se diera, por su accionar y las declaraciones de sus representantes, se podría asumir que los “caviares” intentarían aplicar la misma estrategia que en el 2020. Tratarían de imponer a un parlamentario o una parlamentaria como presidente, tomando las calles con respaldo de algunos medios de comunicación y líderes de opinión.

Se acusaría a Acción Popular de haber dado un golpe de Estado parlamentario, aprovechando el alto rechazo que tiene el Congreso como institución (solo 10% de aceptación). Sin embargo, en esta oportunidad el factor Perú Libre podría cambiar las variables que parecen estar previendo los “caviares”.

Por las constantes declaraciones y publicaciones en redes sociales del presidente del partido Perú Libre, se puede asumir que un escenario como el del 2020, en el que el vacío de poder puede ser aprovechado por quien tome más rápidamente y con más contundencia las calles, los beneficiaría.

Se debe considerar que, en lo que va del gobierno, este partido ha fortalecido sus bases en todo el país y ha ingresado en grandes cantidades a la administración pública, mostrando interés por zonas de alta conflictividad y sectores gubernamentales vinculados a los conflictos sociales, muchos de los cuales se encuentran cerca de mineras.

El segundo escenario, en el que Acción Popular llegaría a un acuerdo con el gobierno de turno para evitar su caída, buscando respaldo político en las elecciones regionales y municipales, y en los consecuentes gobiernos, es, tal vez, el más probable. La bancada acciopopulista y sus asesores deberían estar considerando las posibles repercusiones de hacerse de la Presidencia de la República. Y la supuesta relación directa de algunos congresistas de la bancada, a quienes llaman “Los Niños”, con el gobierno, representa el canal de comunicación idóneo.

Queda esperar el resultado de las negociaciones en el Parlamento.

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