Cuando los actos políticos son legalizados por medio de normas legales, resulta difícil evaluar su connotación delictiva o su servicio a intereses ilegítimos; en modo tal que el proceso legislativo se convierte en una peligrosa herramienta de legalización de lo delictivo y encubre la complicidad de los legisladores.

El Congreso del 2020, servil a la agenda vizcarrista, que a su vez obedecía órdenes de una organización criminal extranjera, que usando organismos internacionales como la ONU, la OEA, y la OMS, le ordenó a Vizcarra lograr la legalización de un genocidio mediante la Ley 31091 que aprobó el Congreso, autorizando el exterminio de los peruanos al modificar el artículo 8 de la Ley 29459, permitiendo la autorización de emergencia de productos farmacéuticos en: “FASE EXPERIMENTAL III CON RESULTADOS PRELIMINARES, EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES GRAVEMENTE DEBILITANTES O POTENCIALMENTE MORTALES”, lo que los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo, con sus ministros de Salud comprometidos con la corrupción internacional, aplicaron desde Fase II/III para el covid, firmando contratos secretos contra natura jurídica, admitiendo la grave omisión de pruebas obligatorias en animales y de la eficacia y seguridad de estas sustancias.

Que más gravemente viene aplicando Boluarte con su ministra Gutiérrez, por las pruebas existentes ahora de la ineficacia de estas vacunas para prevenir el contagio, la hospitalización y la muerte, y los informes internacionales de los altos índices de fallecimientos y lesionados por sus efectos adversos.

Ese mismo Congreso comprometido con Vizcarra, le aprobó sus inconstitucionales reformas constitucionales dictadas desde el exterior, en legislatura ampliada a pie forzado, declarada inconstitucional por el TC, pero que han quedado “vigentes” sin que nadie las cuestione.

El actual Congreso evidenciando la misma sujeción a la corrupción internacional, está aprobando inconstitucionalidades, desde el recorte de la suspensión de la prescripción de delitos pro impunidad, hasta la obligatoriedad de registrar la historia clínica de todos los peruanos en el chip de su DNI electrónico y pasaporte, lo cual pareciera un avance tecnológico (aunque viole los derechos humanos a la intimidad personal y reserva de la información de la salud individual) si no fuera un mandato del Foro de Davos para implementar el SISTEMA DE CONTROL POBLACIONAL UNIVERSAL VINCULADO A LA MONEDA DIGITAL que alista el BCR, entre aplausos de quienes desconocen que sirve al objetivo de construir una cárcel digital, donde, usando el nano procesador implantado con los inyectables, pretenden someterlos al dominio del gobierno mundial, con la complicidad de los legisladores que dicen defender nuestra soberanía nacional.

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