La semana pasada la filial peruana de la gasífera española Naturgy decidió la resolución del contrato de concesión de distribución de gas natural (GN), de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, que tenía firmado con el Estado peruano desde el año 2013.

En síntesis, se ha culpado al Estado de inacción, y por más que aducen más de una razón, alguna de las cuales ya he expresado mi desacuerdo en el año 2017, por considerarlas fuera de lugar, el tema central es que sin la existencia del Gasoducto Sur Peruano (GSP), su concesión no se sostendría. Su economía se basaba en abastecer a dos grandes consumidores que eran las termoeléctricas de: Puerto Bravo, en Mollendo, de propiedad de Kallpa Generación, y las pertenecientes a Engie, ubicadas en Ilo, la del Nodo Energético y la Reserva Fría. Atender estas centrales, significaba cubrir el 57% de la capacidad del GSP.

Dada la caducidad del contrato del GSP en enero del 2017, se hizo el ofrecimiento que ese mismo año se haría una licitación para retomar la construcción. Demasiado desconocimiento para hacer una promesa de esa naturaleza. No solo había temas de carácter técnico y administrativo que desarrollar, sino lidiar con la complejidad legal del caso Lava Jato, que involucraba a Odebrecht y Graña y Montero SAA, que eran dos de los tres socios del proyecto.

A su llegada al poder Martín Vizcarra pudo tomar otro rumbo para tamaña obra, pero en primer término su primer ministro de Energía, Francisco Ísmodes, fue completamente inoperante y su sucesor, Juan Carlos Liu, con conocimiento técnico y empresarial, pero que no midió las consecuencias mediáticas y políticas por su activismo a favor de la obra, hizo que en este 2020, se perdiera toda esperanza de poder continuar.

Naturgy, a la par se declaraba insolvente e iniciaba un proceso de término de contrato, el Estado tendrá que pagar por el valor contable neto de los bienes, que se estiman en 107 millones de dólares (MMUS$), que seguramente terminará en un arbitraje en el CIADI.

Con este hecho damos una señal más de inoperancia como país destino de inversión extranjera directa, la responsabilidad recae en el gobierno de Martín Vizcarra, que seguramente culpará a sus antecesores, y no asumirá responsabilidad alguna.