Las recientes movilizaciones de trabajadores del sector agroexportador en Ica, acompañado de un bloqueo prolongado de tres tramos de la carretera Panamericana Sur, única vía que comunica a la capital con todas las regiones del sur del país, deben llamar la atención de las autoridades del gobierno para responder con prontitud y criterio humanitario y atender las demandas y reclamos de todo orden que de estos hechos se deriven. Si no se hace con la celeridad deseada, como se vio en los primeros tres días de dicho paro y continuaba aún hasta el momento de escribir este comentario, el desborde podría ser mucho mayor y se está replicando en el norte y en el centro del país, iguales demandas sociales, generándose el caos no deseado, ante la ausencia de autoridad que escuche y actúe.

En el transcurso de los primeros días era visible la ausencia de autoridades. Los manifestantes procedieron a quemar llantas en medio de la carretera, que la atravesaron con una gran cantidad de palos y piedras. Y durante las primeras acciones, la prensa reportó que los más exaltados ingresaron a fundos cercanos, causando daños materiales. Todo parecía bastante extraño. A diferencia de otros hechos similares en el pasado, la respuesta del Estado no fue rápida ni firme para impedir que el descontento generalizado crezca como una bola de nieve que no se pueda detener. Las autoridades competentes tenían que estar en el epicentro de los hechos para dialogar con la población afectada, escuchar sus reclamos y restablecer el orden de modo que todos puedan entender que los derechos de una persona terminan allí donde empiezan los del otro.

Los trabajadores que, inicialmente, fueron unas cuantas decenas, aparecieron la mañana del lunes demandando mejoras salariales que, al paso de las horas, fueron creciendo en otros puntos hasta terminar exigiendo la derogatoria del decreto de urgencia 043-2019, aprobado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que extiende por diez años la vigencia de la ley de promoción agraria. Los manifestantes dijeron que esa norma recorta sus beneficios sociales. La actitud de los trabajadores de algunos complejos agroexportadores de Ica se radicalizó, rápidamente, con el bloqueo de la carretera que impidió el pase fluido de buses con pasajeros, autos, camiones de carga y otros que, conforme pasaban las horas se fueron extendiendo a lo largo de 12 kilómetros de carretera con vehículos paralizados, en uno y otro extremo de los puntos donde se concentraban los manifestantes.

Quien pagó la consecuencia fue, como siempre, una indefensa población que por infortunio debió transitar a esa hora por la Panamericana: por la televisión se podía ver a hombres y mujeres y muchas personas vulnerables como niños y ancianos impedidos de seguir su viaje y obligados a permanecer por días varados en el camino, sufriendo las inclemencias del sol o del frío por la noche, mientras había ausencia de policías y de autoridades que lideren la solución a esos actos de obstrucción, no obstante saber que el bloqueo de carreteras es una actividad delictiva contemplada en el Código Penal, pero que se ha vuelto habitual en nosotros.

La paralización ya cobró una víctima en La Libertad, no se debe esperar que ocurran más hechos trágicos, las autoridades deben actuar de inmediato salvaguardando los derechos fundamentales de quienes ejercen válidamente su protesta. El Frente de Trabajadores Agrarios de Ica (Frentagri), denunció que los trabajadores del sector reciben un salario de S/ 39.10 por 12 horas de trabajo diario y a veces llegan a los S/ 20 o 15 soles. “Algunos son padres de familia, y ese jornal no les alcanza para vivir”, señaló. Ello tampoco es aceptable, por lo que toca a los organismos supervisores estar vigilantes de que la ley se cumpla a cabalidad y con criterio de justicia.

Juez Supremo