Era evidente que el Tribunal Constitucional iba a declarar inconstitucional la ley que el Congreso aprobó para devolver los aportes de la ONP. Si bien existe una natural y comprensible expectativa por parte de los aportantes -muchos de los cuales han aportado a este fondo durante años- por contar con ese dinero para enfrentar la terrible crisis económica que atravesamos, hacerlo no solo era inviable, sino también contrario al marco constitucional.
Esto se debe a que hay un grave problema en el diseño de la ONP. Esta opera bajo un sistema contributivo que dirige los fondos aportados por los trabajadores activos directamente a aquellos aportantes que ya están en edad de jubilación. Es decir, los aportantes no son titulares de los aportes que realizan. La ONP no reserva dichos aportes en caja, con lo cual devolver el dinero aportado a cada contribuyente implicaba un desembolso millonario de las arcas fiscales que el Congreso no tiene la facultad de disponer.

Esto no hubiese ocurrido si la ONP operara bajo un esquema de cuentas de capitalización individual y ello nos debe servir como lección para la reforma a la cual debe ser sometida esta institución. Sin embargo, el Congreso parece no haber comprendido el problema, pues ha dictaminado una reforma “integral” al sistema de pensiones que incurre parcialmente en la misma falla.

El dictamen aprobado pretende integrar el sistema privado y público de pensiones para que ambos sean administrados por la Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP). Si bien los fondos de las cuentas individuales de las AFP acumulados hasta la fecha se conservarían, estos ya no estarían administrados por las AFP, sino por gestores privados que la ASIP elegirá por licitación.

Además, a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema, los trabajadores aportarían a dos cuentas en paralelo; un porcentaje (aún por determinar) a una cuenta individual y otro a un fondo contributivo o solidario. Este último, si bien tiene algunas mejoras respecto al actual sistema público, sigue incurriendo -en esencia- en la fallas del modelo de la ONP.

Si bien no es preciso afirmar que los fondos privados estén siendo estatizados, definitivamente se dejan muchas puertas abiertas que nos traerán problemas en el futuro. Por ejemplo, es cuestionable que todos los fondos privados pasen a estar bajo la administración de un ente estatal que decidirá quién gestiona esos fondos, quitándole a los ciudadanos la libertad de elegir en donde quieren ahorrar.

Asimismo, no sabemos cuáles van a ser los criterios que esta autoridad va a dictar para determinar las inversiones de los gestores. Por lo tanto, corremos el riesgo de que esto termine afectando la rentabilidad de los fondos y que nuestro dinero termine siendo utilizado para financiar proyectos estatales, como ha ocurrido tantas veces en el siglo XX, y que las pensiones de los peruanos terminen sepultadas a los pies de los elefantes blancos que el emprendedurismo estatal siempre genera.

Sabemos que el Estado es profundamente ineficiente y eso no cambiará tratándose de la administración de los fondos de pensiones. También sabemos que estamos atravesando un momento particularmente susceptible al populismo y a la demagogia: no sabemos qué nos depara el futuro y ya deberíamos haber aprendido del pasado.

Tomando esto en consideración, integrar ambos sistemas no sólo nos quita a los ciudadanos la capacidad de decidir, sino que es sumamente irresponsable al ponernos bajo riesgo de repetir historias pasadas. Ya sabemos que, por más buenas intenciones que tengan este tipo de iniciativas, siempre terminan afectando a los más pobres y vulnerables.