Lectores, televidentes y radioyentes estamos siendo partícipes de un periodismo que avergüenza, solo visto en la época del fujimontesinismo, cuando se hipotecó la pluma y se inclinó la cerviz.

Han pasado los años y nada ha cambiado, cada vez estamos peor, se pisotea la vida privada de las personas, sin descaro son seguidas con cámaras, sin desparpajo se difunden audios privados, la noticia se ha convertido en mercancía corriente, todo se transa, se compra o se vende, sin rubor.

Causa repulsa y vergüenza que ni siquiera se respete la muerte, como gallinazos meten las cámaras y micrófonos para entrevistar a los deudos, el llanto y la sangre es la noticia mañanera para la gran mayoría de periodistas y “periodistas” que se han apartado de la norma ética.

Existen los Códigos de Ética de las entidades gremiales, pero para estar en los anaqueles de las instituciones y no para ejecutarlos, lo mismo acontece con el singular código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde los responsables saben tanto de legislación televisiva como yo de física cuántica en astronomía.

Los Tribunales de Honor tienen la facultad para intervenir de oficio o a petición de parte por las infracciones que se cometan contra las normas deontológicas; por tratarse de sanciones de orden moral, las que se impongan no pueden salir de este marco. Sin embargo, el Tribunal de Honor, sobre la base del imperio moral de sus fallos y la máxima finalidad que tiene, así como por la autoridad que le es propia, puede ejercer su función de proponer, sin categoría obligatoria, la suspensión o la separación, según sea la gravedad del hecho inmoral del infractor, pero en buen romance no se hace nada, el negocio es pisotear honras.

Toda persona que se considere afectada en su dignidad, sentimientos, costumbres, intimidad u otros valores, por cualquier medio de comunicación social, tiene expedito su derecho de defensa moral, aparte de la acción contenciosa que sea pertinente y decida incoar. La sociedad como tal, tiene igual derecho.

Pareciera que los periodistas y “periodistas” desconocen que la noticia es un bien público más que un factor de orden económico. Ha de valer por su contenido y por su forma de expresión. No tiene equivalencia de tipo comercial.
Los medios de comunicación social no deben ofender la moral, las buenas costumbres, ni perturbar la tranquilidad a que tienen derecho los receptores y el público en general, pero basta con encender el televisor y la cloaca que transmiten, ante una masa indocta.

La vida privada es inviolable, salvo el caso extremo de bien y necesidad públicos. Ella es patrimonio moral del titular y de su familia. Quién tiene cargo público no está exceptuado de ser objeto del legítimo derecho a la información y de crítica de parte de la prensa, si con su conducta pone en riesgo o desprestigia sus deberes de función.
Periodistas, editores y empresas comparten responsabilidad en bien de la sociedad. Es su deber salvaguardar los derechos humanos, su defensa y restablecimiento donde quiera que fuesen conculcados y quienes sean los que lo hagan.

Contribuyamos a mantener la inocencia de los niños y evitar difundir hechos que pongan en riesgo a la niñez y a la juventud. Si es indispensable informar, hacerlo con la mayor mesura posible. Más vale silenciar noticias escabrosas, basta una sola que informe sin dañar. Ningún periodista ni medio de comunicación social deben aprovecharse de la incultura ni de la proclividad a lo morboso. Es inmoral propender a una mayor difusión y a elevar el “rating” explotando los instintos, la pornografía, las aberraciones, la privacidad, la intimidad y cualquier otro acto que ofenda la dignidad de la persona, así como el prestigio de la profesión de periodista y del medio de comunicación social. La familia y la sociedad deben confiar en la prensa, y esta merecerlo. Su ingreso a cada hogar es un privilegio que debe honrarse.

Hagamos algo ya, el periodismo se está prostituyendo y eso es una ignominia.

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