Pero aún falta más

Pero aún falta más

Al parecer los astros se alinearon. Diversos grupos parlamentarios, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, hicieron posible que el Congreso aprobara dos importantes proyectos de ley relacionados a la meritocracia de los servidores públicos y la exigencia de una declaración jurada donde los ciudadanos que pretendan ser designados para los cargos de ministros deban hacer de conocimiento todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvieron incursos en calidad de imputados o cómplices, el estado en que se encuentren dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido.

Adicionalmente, se ha incluido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que no pueden ser nombrados presidente del Consejo de Ministros o ministros en las carteras de Interior ni Defensa, quienes se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

Los proyectos de ley aprobados que están a la espera que el Presidente de la República los promulgue, constituyen un hecho de suma importancia para el país; no lo veo como una enmendadura de plana para el actual gobierno sino como una política de Estado la cual deberán respetar todos los gobiernos que vengan.

En el debate realizado en el pleno del Congreso la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez, supo explicar que las referidas iniciativas pretenden ser transparentes con la información que muchas veces el jefe de Estado desconoce y que luego se hacen públicas generando crisis mediáticas y de confianza contra el gobierno de turno.

Los congresistas autores de las iniciativas Amuruz Dulanto, Bazán Calderón, Gonzales Delgado de Avanza País, Luis Cordero de Fuerza Popular y otros de dicha agrupación, así como Magaly Ruiz de Alianza Para el Progreso, como también la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, hicieron bien en reaccionar a las críticas que la opinión pública le hizo al actual gobierno que, por desconocimiento o negligencia, nombró altos funcionarios públicos seriamente cuestionados.

La meritocracia, la transparencia de la información y las acreditaciones académicas de los servidores públicos de carrera o designados políticamente son indispensables para la buena marcha del Estado. Sin embargo, aún falta por consignar acreditaciones para los postulantes al Congreso y, por qué no, para el Presidente de la República.

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